Isabel Ciprian
El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) informó que entregó este lunes en la sede del Gobierno un documento respaldado por más de 1,000 firmas ciudadanas, en el que solicita al presidente Luis Abinader la derogación inmediata de las medidas migratorias aplicadas en hospitales públicos del país.
Cuestionan controles en centros de salud
El colectivo denunció que, desde abril de 2025, un protocolo oficial establece la verificación de documentos a pacientes extranjeros en hospitales públicos, incluyendo identificación válida, prueba de residencia, carta de trabajo y pago de servicios. En caso de no cumplir con estos requisitos, los pacientes reciben atención médica y, tras su recuperación, pueden ser objeto de procesos de deportación.
Según la organización, la presencia de agentes migratorios en centros de salud limita el acceso al derecho a la atención médica y afecta de manera particular a mujeres embarazadas, niños y personas migrantes haitianas, así como a dominicanos de ascendencia haitiana o personas susceptibles a perfilamiento racial.
“El hospital no debe ser un espacio para la aplicación de políticas migratorias. Cuando una mujer embarazada o una familia evita acudir por miedo, se pone en riesgo la salud y la vida”, señaló el colectivo en su comunicación.
Respaldo de organizaciones sociales
El CMDH, creado en 2024, agrupa a diversas organizaciones y ciudadanos que promueven la defensa de los derechos humanos de personas migrantes y sus familias. Entre las entidades firmantes del documento figuran Cáritas Arquidiocesana, Participación Ciudadana, Casa Abierta, el Foro Feminista, la Fundación Friedrich Ebert y la oficina en Santo Domingo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Contexto de las políticas migratorias
El Gobierno dominicano inició en octubre de 2024 un plan de deportaciones de personas en situación migratoria irregular, en su mayoría de nacionalidad haitiana, como parte de su estrategia para controlar la inmigración irregular.
De acuerdo con cifras oficiales, desde la implementación del plan han sido deportadas más de 500,000 personas, mientras la Dirección General de Migración mantiene presencia en más de 30 hospitales públicos.
Las autoridades también han señalado que estas medidas han coincidido con una reducción significativa en la cantidad de partos de mujeres haitianas indocumentadas atendidos en el sistema de salud dominicano.
Ana María Soto Gross
