Isabel Ciprian
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Argenis de Jesús Rodríguez Filpo y Benyi Batista, señalados como presuntos responsables de la muerte de Felicia Ramírez Capellán, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia y parcialmente calcinado en el sector Yabanal, provincia La Vega.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, Rodríguez Filpo, quien era yerno de la víctima, habría entregado RD$10,000 a Batista para ejecutar el crimen. El expediente señala que el móvil del asesinato estaría relacionado con conflictos familiares y antecedentes de violencia de género.
El cadáver de Ramírez Capellán fue localizado el pasado 7 de julio en la calle Jarro, en Yabanal. El informe preliminar de la médico legista establece que la causa de muerte fue un trauma craneal severo, además de presentar lesiones y quemaduras en diferentes partes del cuerpo.
Durante el levantamiento de la escena, la Policía Científica recolectó varias evidencias, entre ellas un fragmento de cuchillo, una mandarria sin mango, un llavero y una pulsera, elementos que forman parte de la investigación.
Las autoridades enfocaron las pesquisas en Rodríguez Filpo luego de que Esmeralda Ramírez, hija de la víctima y expareja del imputado, denunciara amenazas constantes y antecedentes de agresiones, incluyendo una orden de alejamiento.
Según el Ministerio Público, el seguimiento mediante GPS de una jeepeta Chevrolet Trax alquilada y las imágenes de cámaras de seguridad permitieron establecer que el vehículo estuvo cerca de la residencia de la víctima y posteriormente se trasladó hasta la zona donde fue encontrado el cuerpo.
El expediente indica además que Rodríguez Filpo habría admitido haber contactado a Batista para cometer el homicidio y que ambos esperaron a la víctima cerca de su vivienda, logrando que abordara el vehículo. Posteriormente, según la acusación, la mujer fue trasladada hasta Yabanal, donde fue abandonado su cuerpo.
La Fiscalía de La Vega sostiene que las evidencias recopiladas vinculan a los imputados con el crimen y considera necesaria la prisión preventiva para garantizar su permanencia durante el proceso judicial.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega conocerá la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
Ana María Soto Gross
