Ana María Soto Gross
Las defensas de dos imputados cuestionaron la integración del Segundo Tribunal Colegiado; la Corte de Apelación deberá decidir si procede el recurso.
El proceso judicial que se desarrolla contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros acusados de presuntos actos de corrupción enfrentó un nuevo incidente este miércoles, luego de que los abogados de Ramón Lucrecio Burgos y Rafael Augusto Solano solicitaran apartar a las magistradas responsables de conocer el expediente.
La solicitud de recusación fue presentada verbalmente durante la audiencia y formalizada mediante su depósito en la secretaría del tribunal.
Ante el planteamiento, las juezas Yisel Soto, Clara Castillo y Harlin Elizabeth Rosario rechazaron la petición y dispusieron que el expediente sea remitido a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, instancia que tendrá a su cargo examinar los argumentos y determinar si corresponde acoger el recurso.
La presidenta del tribunal, Yisel Soto, explicó que las magistradas evitarán continuar con actuaciones relacionadas con el proceso hasta que la Corte emita una decisión sobre la recusación.
Por su parte, Clara Castillo expresó que el interés del tribunal es cumplir con sus funciones judiciales y lamentó que, debido a los constantes incidentes, todavía no haya sido posible iniciar la lectura formal de la acusación.
En tanto, Harlin Elizabeth Rosario consideró necesario que las juezas evalúen los motivos expuestos por los abogados y permitan que la instancia superior se pronuncie sobre la solicitud.
Incidentes procesales mantienen detenido el desarrollo del juicio
El nuevo recurso se produce después de que el pasado lunes 2 de noviembre el tribunal decidiera reservar para el conocimiento del fondo del expediente varios incidentes planteados anteriormente por las partes.
Esta situación ha impedido avanzar hacia la lectura de la acusación presentada por el Ministerio Público, prolongando la fase preliminar del conocimiento del juicio.
La representación del órgano acusador está encabezada por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales litigantes Melbin Romero y Miguel Collado.
Mientras se espera el pronunciamiento de la Corte de Apelación sobre la recusación, el Segundo Tribunal Colegiado contempla el 16 de noviembre como fecha tentativa para celebrar la próxima audiencia.
