Isabel Ciprian
Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo autorizó mediante decretos recientes la extradición de varios ciudadanos dominicanos requeridos por tribunales de los Estados Unidos y Puerto Rico por distintos cargos criminales, incluyendo narcotráfico, asesinato y delitos sexuales.
Entre los casos figura el de Frank Maiky Báez Guerrero, quien enfrenta múltiples acusaciones relacionadas con narcotráfico en el sistema judicial estadounidense. Según documentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el imputado fue deportado a la República Dominicana en 2024, tras haber sido arrestado en Massachusetts en 2021 por presunta posesión de drogas con intención de distribución. Posteriormente, es requerido por un tribunal federal de Massachusetts por varios cargos vinculados a una presunta red criminal, lavado de activos y distribución de sustancias controladas como fentanilo, cocaína y metanfetamina.
De acuerdo con las autoridades, Báez Guerrero ingresó de forma irregular a Estados Unidos y habría intentado evadir la justicia de su país de origen, donde también es buscado por homicidio.
Otros casos de extradición
En otro decreto, el Gobierno también aprobó la extradición de Miguel Isaac Miguel Jiménez hacia Puerto Rico, donde enfrenta cargos por asesinato en primer grado, violaciones a la ley de armas y otros delitos relacionados. El caso se vincula a una investigación judicial en San Juan.
Asimismo, fue autorizada la entrega de Carlos Manuel Martínez De León al Distrito Sur de Florida, acusado de distribución de pornografía infantil, según los documentos judiciales estadounidenses.
De igual forma, se dispuso la extradición de Ruddy Cénit Then, solicitado por autoridades de Florida, por presunta conspiración para distribuir grandes cantidades de sustancias controladas, incluyendo fentanilo y metanfetamina.
Cooperación internacional en materia judicial
Las autoridades dominicanas reiteraron que estas decisiones forman parte de los acuerdos de cooperación internacional en materia penal, orientados a que los imputados enfrenten la justicia en las jurisdicciones donde presuntamente se cometieron los hechos.
Los casos siguen bajo seguimiento de las autoridades correspondientes en coordinación con organismos internacionales.
