Ana María Soto Gross
La crisis financiera provocada por la intervención de Ueno Bank en Paraguay ha elevado la tensión política y social en ese país, donde legisladores de la oposición impulsan un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, a quienes responsabilizan por la situación que mantiene paralizados los ahorros de millones de clientes.
La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados y cuenta, según el diputado Mauricio Espínola, con las firmas necesarias para ser conocida este jueves a las 10:00 de la mañana (hora local).
Mientras avanza la ofensiva política, cientos de paraguayos volvieron a salir a las calles de Asunción por segundo día consecutivo para reclamar la devolución de su dinero. Con consignas como «devuelvan nuestra plata» y «juicio a Santi Peña», los manifestantes expresaron su indignación por el bloqueo de sus depósitos.
La situación también provocó largas filas de clientes frente a las sucursales de Ueno Bank, donde los afectados acudieron en busca de respuestas sobre sus recursos económicos.
Durante las protestas se produjeron enfrentamientos con agentes policiales, quienes utilizaron camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a los participantes. Pese a la intervención, numerosos ciudadanos permanecieron en las calles exigiendo soluciones.
Intervención bancaria y cuestionamientos al Gobierno
El conflicto comenzó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank por problemas de insuficiencia de capital, medida que provocó la suspensión de sus servicios.
La entidad bancaria concentra una parte importante del sistema financiero paraguayo, con aproximadamente tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población del país.
El escándalo también provocó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, mientras las autoridades presentaron una denuncia judicial contra la entidad financiera. Como resultado de las investigaciones, ocho directivos fueron detenidos, incluido el presidente del banco, Miguel Vázquez.
Los cuestionamientos contra Peña se relacionan, entre otros aspectos, con sus antiguos vínculos empresariales con un grupo que controlaba Ueno Bank. El mandatario mantuvo acciones en esa estructura hasta que se desvinculó de ella en 2025.
La oposición considera que pudieron existir decisiones regulatorias favorables a la entidad y cuestiona una posible concentración de fondos previsionales en el banco, lo que, a su entender, podría representar un conflicto de intereses. También ha señalado el crecimiento del patrimonio del gobernante.
Gobierno anuncia devolución parcial de los ahorros
Ante la presión de los afectados, el presidente Santiago Peña promulgó una legislación aprobada de manera acelerada por el Congreso, que establece mecanismos para devolver parte de los depósitos mediante el fondo de garantía.
La normativa contempla que los primeros desembolsos se realicen en un plazo de cinco días. Por su parte, el Banco Central informó que los clientes podrán recibir un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes aproximadamente a 1,675 dólares.
Sin embargo, la medida no ha logrado disipar la preocupación de los ahorrantes, muchos de los cuales aseguran que los fondos retenidos representan los ahorros de toda una vida y recursos destinados a su jubilación.
Un juicio político con resultado incierto
Para que el proceso de destitución avance en la Cámara de Diputados, la oposición necesita conseguir el respaldo de legisladores del gobernante Partido Colorado, que mantiene mayoría propia en ambas cámaras del Congreso.
Si la acusación es aprobada en Diputados, corresponderá al Senado desarrollar el juicio político. La destitución de los mandatarios requeriría al menos 30 votos de los 45 integrantes de esa cámara.
El panorama político añade incertidumbre al proceso, debido a las diferencias existentes entre el presidente Peña y el exmandatario Horacio Cartes, principal figura del Partido Colorado.
La situación recuerda el precedente de 2012, cuando el entonces presidente Fernando Lugo fue destituido mediante un juicio político en el Congreso, tras la masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías.
Lugo había llegado al poder en 2008, poniendo fin a más de seis décadas de predominio del Partido Colorado en la presidencia paraguaya.
Ahora, la crisis bancaria coloca nuevamente al país ante un escenario de fuerte confrontación política, mientras miles de ciudadanos esperan recuperar sus recursos y conocer el desenlace de las investigaciones sobre Ueno Bank.
