Ana María Soto Gross
El economista Nelson Suárez cuestionó la forma en que están estructurados y funcionan diversos organismos del Estado dominicano, al considerar que el clientelismo político y la distribución de puestos dentro de la administración pública contribuyen a generar déficits y debilitar el manejo de los recursos públicos.
«Clientelismo político, repartición del Estado. Eso es lo que tenemos», expresó Suárez durante una entrevista este jueves en el programa El Despertador, al referirse a la situación de las entidades cuasiempresariales del sector público.
El economista explicó que algunas de estas instituciones cuentan con amplios niveles de autonomía, lo que les permite administrar sus recursos con menos controles que los organismos pertenecientes a la administración central. Esta situación, afirmó, ha facilitado la existencia de déficits extraordinarios y prácticas que requieren una revisión.
Suárez señaló que en República Dominicana existen aproximadamente 60 organismos descentralizados y autónomos, muchos de los cuales realizan tareas similares a las que corresponden a ministerios y otras dependencias gubernamentales.
También identificó entre 40 y 50 comisiones y oficinas delegadas que, de acuerdo con sus estimaciones, reciben transferencias del Estado cercanas a los RD$160 mil millones cada año.
Ante este panorama, consideró necesario evaluar la estructura institucional del Gobierno, identificar las duplicidades de funciones y establecer mecanismos que permitan mejorar la eficiencia del gasto público.
En cuanto a la fiscalización de los recursos estatales, el economista llamó a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República a reforzar la supervisión de los grandes proyectos de infraestructura y transporte.
A su entender, los esfuerzos de los organismos de control no deben limitarse a revisar operaciones de menor cuantía, sino que deben prestar especial atención a las contrataciones, inversiones y movimientos financieros relacionados con las principales obras públicas.
Suárez advirtió que en esos proyectos pueden existir riesgos de pérdidas o desvíos de fondos, por lo que entiende que se necesita una vigilancia más rigurosa para garantizar la correcta utilización del dinero de los contribuyentes.
Finalmente, insistió en que el Estado dominicano requiere una transformación de su estructura administrativa, orientada a reducir instituciones innecesarias, evitar la duplicidad de funciones y fortalecer la transparencia en el manejo presupuestario.
Advirtió que mantener el actual esquema institucional sin aplicar correctivos podría agravar las presiones fiscales, especialmente en un contexto en el que el Gobierno enfrenta importantes compromisos presupuestarios y cuenta con un margen limitado para asumir nuevas obligaciones.
