Isabel Ciprian
El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, calificó como un “fraude procesal” el informe de auditoría elaborado por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, documento que sirvió de base al Ministerio Público para sustentar la acusación en el denominado caso Calamar.
El dirigente político sostuvo que dicha unidad fue creada formalmente mediante el Decreto 382-25, emitido el 14 de julio de 2025, es decir, cuatro años después de que supuestamente se produjeran los informes en los que se apoyó la investigación. En ese sentido, afirmó que al momento de realizarse las indagatorias, la Unidad Antifraude no existía legalmente, por lo que a su juicio sus actuaciones carecen de validez jurídica.
“No solo se cometieron fraudes para intentar comprar la reelección, también se incurrió en fraudes procesales. A muchos de nuestros compañeros se les habían practicado auditorías que resultaron limpias, y aun así se construyó una acusación sobre la base de una unidad que no estaba creada por decreto”, expresó Lorenzo.
El dirigente del PLD también afirmó que la acusación del caso Calamar fue depositada un día antes de las elecciones, lo que, según dijo, evidencia que el proceso fue “orquestado y planificado” con fines políticos. Asimismo, cuestionó que el Decreto 382-25 estableciera formalmente la Unidad Antifraude en 2025, pese a que previamente se había designado un encargado sin que existiera la estructura legal correspondiente.
En ese contexto, Lorenzo señaló que los informes financieros correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023 se atribuyen a una unidad creada oficialmente el 14 de junio de 2025 mediante el Decreto 382-25, aunque, de manera contradictoria, ya contaba con un responsable designado desde el 7 de febrero de 2023, mediante el Decreto 27-23.
El caso Calamar involucra a varios exfuncionarios, entre ellos los exministros de la Presidencia, Hacienda y Obras Públicas, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.
El proceso judicial fue recesado a principios de diciembre pasado por la jueza Ramírez, debido a problemas de salud del exsenador Rafael Calderón. Está previsto que el juicio se reanude este viernes a partir de las 9:00 de la mañana, con la presentación de la defensa del excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo.
Hace varios meses concluyeron sus exposiciones tanto el Ministerio Público que acusa a unas treinta personas de desfalco al Estado y lavado de activos como los querellantes. En este último caso, la mayoría retiró sus acciones legales, alegando que los contratos y pagos realizados se ajustaban a la ley y que los fondos entregados a los lobistas pertenecían a los propietarios de los terrenos, y no al Estado.
Ana María Soto Gross
