Isabel Ciprian
São Paulo (Brasil).– El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, presentó este jueves su renuncia al cargo por razones personales, poniendo fin a una gestión de dos años dentro del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Lewandowski, de 77 años, asumió la jefatura del Ministerio de Justicia tras jubilarse como magistrado del Tribunal Supremo Federal. Su salida era considerada inminente en círculos políticos, debido al desgaste acumulado por las dificultades para avanzar una propuesta de enmienda constitucional orientada a reforzar la seguridad pública, una de las principales banderas de su gestión y que encontró resistencia en el Congreso.
En su carta de dimisión, el ahora exministro aseguró que desempeñó sus funciones “con celo y dignidad”, exigiendo a su equipo el máximo compromiso posible, aun frente a las “limitaciones políticas, coyunturales y presupuestarias” que enfrentó durante su paso por la cartera.
Antes de hacer efectiva su salida, Lewandowski participó este jueves en su último acto oficial junto al presidente Lula, durante la ceremonia conmemorativa del ataque perpetrado por grupos radicales de extrema derecha contra las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023.
Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado quién asumirá de manera definitiva el Ministerio de Justicia. De forma provisional, el cargo será ocupado por el secretario ejecutivo de la institución, Manoel Almeida.
La renuncia de Lewandowski se produce en un escenario de reacomodos dentro del gabinete presidencial. Se prevé que en los próximos dos meses cerca de una veintena de ministros abandonen sus cargos, en cumplimiento de la legislación electoral que obliga a los funcionarios con aspiraciones políticas a dimitir seis meses antes de los comicios de octubre, en los que se elegirán presidente, legisladores y gobernadores en los 27 estados del país.
El relevo en el Ministerio de Justicia ocurre en un contexto de fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, así como de crecientes obstáculos para impulsar reformas estructurales, especialmente en áreas sensibles como la seguridad pública, donde el Gobierno de Lula enfrenta un escenario legislativo fragmentado y complejo.
