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ADESA denuncia desvío de fondos públicos a clínicas privadas en detrimento de la atención primaria

SANTO DOMINGO.– La presidenta de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), Alba Reyes, denunció este martes que el sistema de salud dominicano se ha convertido en un negocio lucrativo, dejando de lado su función esencial: garantizar el bienestar de la población. Para la dirigente social, lo que ocurre actualmente con el Seguro Nacional de Salud (SENASA) evidencia esta problemática.

Durante una entrevista en el programa El Día, Reyes cuestionó la decisión de SENASA de alquilar 38 centros médicos privados, conocidos como “puntos médicos”, por un costo fijo de 65 millones de pesos mensuales, a pesar de que existen más de 1,900 unidades públicas de atención primaria que siguen desatendidas.

“¿Por qué destinar recursos públicos al sector privado cuando el sistema público está en precariedad?”, se preguntó Reyes, tras señalar que muchos de estos puntos médicos ni siquiera ofrecen los servicios anunciados, como ginecología, oftalmología o nutrición.

Atención primaria: el eslabón más débil del sistema

La atención primaria, reconocida globalmente como la base para un sistema de salud eficiente, sigue siendo la gran olvidada en República Dominicana. Según Reyes, este nivel de atención es considerado “la cenicienta del sistema”, a pesar de su impacto en la prevención, diagnóstico temprano y reducción de costos hospitalarios.

Aunque las autoridades han anunciado avances —como la remodelación de 583 unidades de primer nivella realidad en los barrios y comunidades no refleja esas mejoras.

“Vas a los centros y encuentras locales alquilados, sin médicos especializados, sin insumos básicos y con escasa capacidad de atención”, denunció la presidenta de ADESA.

Déficit de infraestructura: se necesitan 6,000 centros, solo hay 1,950

Actualmente, el país dispone de aproximadamente 1,950 unidades de atención primaria, cuando la demanda real exige al menos 6,000, lo que genera una sobrecarga en hospitales secundarios y terciarios.

“Muchos pacientes que podrían ser atendidos en su comunidad terminan en emergencias saturadas o incluso mueren porque no tienen acceso cercano”, advirtió Reyes. A su juicio, medir el éxito del sistema por la cantidad de consultas hospitalarias es un error. “Un sistema exitoso tendría menos personas en hospitales porque fueron atendidas a tiempo”, agregó.

Inversión mal dirigida y casos que muestran el colapso

Reyes citó casos como el de un familiar que, tras un accidente cerebrovascular, pasó cuatro días en una silla de emergencia por falta de camas. Lo mismo ocurre en hospitales como el Marcelino Vélez, donde los pacientes graves deben esperar en condiciones indignas.

Estas situaciones, dijo, son el resultado de no invertir lo suficiente en prevención y atención primaria, una estrategia que reduce hasta en un 67% las enfermedades prevenibles, según el propio Ministerio de Salud.

SENASA bajo la lupa: contratos sin licitación ni supervisión

ADESA también denunció irregularidades en los contratos firmados por SENASA con clínicas privadas, que, según Reyes, se adjudican sin licitaciones públicas ni mecanismos de control efectivos.

“Se trata de contratos grado a grado, sin transparencia ni rendición de cuentas. Recursos del Estado que van directo al sector privado mientras las unidades públicas siguen sin personal ni equipos”, criticó.

La organización reiteró que la salud no debe ser manejada como un negocio, y llamó a la población a participar activamente en la vigilancia del uso de los fondos públicos.

Recomendaciones y llamado al Estado

ADESA propuso una serie de medidas urgentes:

  • Fortalecer las unidades existentes de atención primaria
  • Ampliar la red hasta alcanzar 6,000 centros en todo el país
  • Garantizar personal médico especializado y equipamiento completo
  • Revisar los contratos de SENASA con el sector privado
  • Priorizar la inversión pública en salud preventiva

“La atención primaria no puede seguir siendo relegada. Es la herramienta más eficaz para garantizar salud con equidad y eficiencia. El Estado tiene la responsabilidad de asegurar este derecho”, concluyó Reyes.