Isabel Ciprian
Santo Domingo.– La Unión de Farmacias, Inc., que agrupa a más de 1,650 establecimientos en todo el país, denunció ayer martes una serie de irregularidades en los procesos de contratación y distribución de medicamentos gestionados por el Seguro Nacional de Salud (Senasa), advirtiendo que estas prácticas comprometen la transparencia del sistema y afectan el acceso de los pacientes más vulnerables a sus tratamientos.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la entidad alertó sobre una presunta exclusión sistemática de farmacias legalmente habilitadas, en beneficio de empresas privadas que actúan como intermediarias. Según la organización, esta situación viola la Ley 87-01 de Seguridad Social y las normativas de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
“Se ha privilegiado a intermediarios privados con beneficios indebidos, que además encarecen el proceso y afectan la calidad del servicio”, señala el documento.
Acusan a intermediarios de encarecer el servicio
De acuerdo con la Unión de Farmacias, Senasa ha direccionado la entrega de medicamentos de sus programas de Promoción y Prevención (PyP) hacia entidades privadas con vínculos en toda la cadena de suministro, desde la fabricación hasta la dispensación, marginando a las farmacias locales que cumplen con todos los requisitos legales.
Asimismo, se denunció que estas empresas intermediarias cobran porcentajes a las farmacias y prestadores por concepto de “intermediación”, lo cual ha generado un aumento de costos innecesario que recae, en última instancia, sobre los pacientes.
Aclaran que no están vinculadas a casos de corrupción
En medio de las investigaciones abiertas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), motivadas por denuncias de la periodista Nuria Piera sobre supuestas irregularidades en Senasa, la Unión de Farmacias dejó claro que ninguno de sus miembros está involucrado en actos de corrupción.
La organización afirmó que sus afiliados se rigen por un código de ética orientado a la transparencia y al cumplimiento de las leyes sanitarias vigentes.
“Ya iniciamos un proceso de recolección de datos sobre los despachos realizados por cada farmacia afiliada a Senasa, y estamos listos para entregar cualquier información que contribuya con las investigaciones en curso”, indicó la entidad.
Riesgo para la salud pública y para las farmacias pequeñas
La Unión manifestó su preocupación por el impacto negativo que estas prácticas puedan tener en la viabilidad financiera de las farmacias pequeñas y medianas, así como en la calidad del servicio ofrecido a los afiliados del sistema público de salud.
Advirtieron que delegar funciones de dispensación a entidades sin experiencia en el sector farmacéutico “es una práctica peligrosa que pone en riesgo la salud de la población más necesitada”.
Pese a los atrasos en los pagos por parte de Senasa, las farmacias afiliadas continúan prestando servicios, “convencidas de que el acceso a la salud no puede sacrificarse en medio de esta coyuntura”.
Llamado a eliminar intermediarios y revisar contratos
Finalmente, la organización hizo un llamado al Gobierno y a los organismos reguladores a revisar los contratos actuales, eliminar los intermediarios y garantizar la participación libre y equitativa de todas las farmacias habilitadas, como lo establece la ley.
La Unión de Farmacias expresó su confianza en que las investigaciones en curso conducirán a corregir las irregularidades y construir un sistema más justo, transparente y eficiente para todos los dominicanos.
Ana María Soto Gross
