El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a José Luis Hinojosa (alias Correíta), hallado culpable del asesinato de David Peña Marte, a quien disparó en al menos diez ocasiones durante un incidente ocurrido en mayo de 2024 en el sector Cancino Adentro.
La condena fue dictada tras la presentación de un sólido expediente por parte del Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Ana Basora e Ignacio Rojas, quienes lograron demostrar la responsabilidad penal del acusado mediante pruebas testimoniales, periciales, documentales y de videovigilancia.
De acuerdo con la investigación encabezada por la fiscal Dahiana E. Castillo, el crimen ocurrió el 3 de mayo de 2024, cuando la víctima se reunió con Hinojosa y otro hombre identificado solo como “David”, quien actualmente se encuentra prófugo. El encuentro tenía como propósito una supuesta entrega de dinero. Sin embargo, una discusión derivó en que Hinojosa sacara un arma de fuego ilegal y disparara diez veces contra Peña Marte, provocándole la muerte en el acto. El hecho fue captado por cámaras de seguridad de la zona.
Violencia armada e impunidad en zonas urbanas
El tribunal, presidido por la magistrada Josefina Ubiera Guerrero e integrado por Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, ordenó que Hinojosa cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público sostuvo que el acusado violó los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
Este caso se suma a una serie de crímenes cometidos con armas ilegales en sectores urbanos del país, lo que ha encendido las alarmas sobre la violencia armada y la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad ciudadana. Las autoridades han reforzado su enfoque en garantizar sanciones ejemplares para reducir la impunidad y enviar un mensaje claro de que este tipo de delitos no quedarán sin castigo.
Con el apoyo de tecnologías como la videovigilancia y el fortalecimiento de las pruebas periciales, el Ministerio Público ha logrado construir casos más sólidos ante los tribunales, en un esfuerzo por consolidar la confianza en el Estado de derecho.
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