Crece la presión política por apagones y mala gestión del sistema eléctrico

La creciente ola de apagones y el malestar social por la inestabilidad del servicio eléctrico están generando fuertes presiones sobre las autoridades del sector energético. Desde el Congreso Nacional, legisladores de distintas bancadas advierten que el actual modelo eléctrico ha fracasado en garantizar un suministro confiable, y exigen reformas estructurales urgentes.

Varios diputados cuestionaron duramente la gestión de Andrés Astacio Marranzini, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), al considerar que no ha logrado ofrecer resultados tangibles, pese a las millonarias inversiones públicas destinadas al sector.

“Estamos dispuestos a interpelar al administrador de las EDE. Esta realidad se le está saliendo de las manos al gobierno”, afirmó un congresista opositor.

Algunos legisladores fueron más directos, señalando que si el presidente Luis Abinader continúa haciendo cambios en su gabinete, debería contemplar la destitución de Marranzini. “Si yo fuera él, ya lo habría quitado. El problema es que no ha dado pie con bola”, expresó un diputado, subrayando que las altas tarifas que paga la ciudadanía no se corresponden con la calidad del servicio recibido.

Tarifas desiguales y falta de transparencia

Uno de los ejemplos citados fue el de familias en Buenavista Norte, La Romana, donde se reportan facturas eléctricas de hasta RD$16,000 mensuales, mientras en sectores cercanos con consumo elevado no se reflejan cobros proporcionales. Esta disparidad ha reavivado las críticas sobre la transparencia y la equidad del sistema.

Además de los cuestionamientos a la administración actual, algunos congresistas proponen revisar el modelo de concesiones eléctricas, sugiriendo que un sistema donde generación, transmisión y comercialización estén integrados y regulados por el Estado podría mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio.

Inversiones millonarias sin resultados visibles

Aunque el presidente Abinader anunció la incorporación de 600 megavatios adicionales al sistema en los próximos cinco meses, desde la oposición se critica que este año se hayan aprobado cerca de RD$130 mil millones en préstamos para las empresas distribuidoras sin que la población experimente mejoras reales.

“Estamos hablando de miles de millones que salen del bolsillo del pueblo y no vemos resultados. Hay comunidades que pasan más de 10 horas sin luz al día”, denunció otro legislador.

Esta situación ha incrementado la desconfianza en el manejo de los recursos públicos destinados al sector, en medio de reclamos por más transparencia, rendición de cuentas y un replanteamiento total del sistema eléctrico nacional.