Ana María Soto Gross
El exdiputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, consideró que uno de los principales desafíos de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) será garantizar que los casos de corrupción administrativa avancen con mayor rapidez y concluyan con sentencias definitivas.
Castillo Semán expresó su valoración favorable sobre la nueva composición del máximo tribunal, pero advirtió que la demora en los procesos judiciales y la ausencia de sanciones ejemplares durante las últimas tres décadas han provocado frustración y desconfianza entre los ciudadanos.
El dirigente político cuestionó que, en numerosos casos, el Ministerio Público presenta acusaciones contra exfuncionarios, se generan fuertes reacciones en la opinión pública y se imponen medidas de coerción, pero posteriormente los expedientes permanecen durante años en los tribunales sin llegar a una decisión definitiva.
Explicó que, en ocasiones, los imputados obtienen su libertad bajo fianza y los procesos continúan prolongándose, una situación que, a su entender, termina favoreciendo la impunidad judicial.
A juicio de Castillo Semán, esta realidad ha deteriorado la credibilidad de la ciudadanía en el sistema de justicia, especialmente en lo relacionado con los expedientes de corrupción que involucran a figuras del ámbito político.
En ese sentido, señaló que enfrentar esta problemática debe ser una prioridad para el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, así como para los demás integrantes del tribunal, en su condición de máxima instancia del Poder Judicial.
Asimismo, advirtió que la falta de condenas definitivas contra funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción constituye un incentivo para que estas prácticas se repitan en las distintas administraciones gubernamentales.
Castillo Semán insistió en que la lucha contra la corrupción no debe limitarse a sometimientos judiciales y medidas preventivas, sino que debe traducirse en procesos oportunos y decisiones firmes que permitan establecer responsabilidades y fortalecer la confianza de la población en la justicia dominicana.
