Santo Domingo.– La presidenta de la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica (SDRO) y directora médica del Instituto Oncológico Regional del Cibao, Naly Cruz, denunció que la corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) comprometió la salud de miles de personas, acelerando el deterioro de pacientes e incluso provocando muertes mientras esperaban la aprobación de medicamentos de alto costo o procedimientos vitales.
“Cuando hablamos de la corrupción que costó miles de vidas humanas, no estamos hablando de estadísticas frías ni cifras abstractas, hablamos de pacientes oncológicos, personas con cáncer avanzado, enfermedades hematológicas graves y patologías crónicas de alto costo que dependían de tratamientos continuos para sobrevivir o al menos vivir mejor un poco más”, explicó Cruz. La especialista agregó que la interrupción de tratamientos en oncología “no es neutra, mata o acorta la vida”, y que en el Instituto Oncológico del Cibao más de 500 pacientes se vieron afectados, con su estado de salud comprometido mientras esperaban medicamentos esenciales.
El caso, conocido como Operación Cobra, es la investigación liderada por el Ministerio Público sobre la gestión de Santiago Hazim al frente del SENASA. La red habría desviado más de 15 mil millones de pesos mediante contratos inflados, autorizaciones irregulares y programas manipulados que, bajo la apariencia de innovaciones en salud pública, se convirtieron en conductos para la malversación de fondos y reparto de sobornos.
En el expediente presentado para solicitar medidas de coerción, el Ministerio Público describe un “sistema paralelo” que manipulaba la contratación y habilitación de prestadores, con un perjuicio estimado de RD$15,900 millones hasta diciembre de 2024.
El 14 de diciembre, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva para Santiago Hazim y otros seis implicados, quienes deberán cumplir la medida en la cárcel de Najayo. Entre los detenidos se encuentran Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, el tribunal impuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, a solicitud del Ministerio Público.
“La Operación Cobra es la operación más grave de corrupción que ha presentado el Ministerio Público hasta este momento”, afirmó Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
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