Santo Domingo. – Nélsida Marmolejos, primera directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), aseguró que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) no ejerció una adecuada supervisión sobre el Seguro Nacional de Salud (Senasa), lo que permitió la aparición de irregularidades históricas en la ARS del Estado.
En una entrevista para Programa El Día, Marmolejos señaló que desde los inicios del sistema han existido problemas con las afiliaciones múltiples y el manejo deficiente de la base de datos, lo que generó confusión entre los afiliados y permitió que muchas personas estuvieran inscritas en Senasa sin saberlo, mientras los fondos se destinaban a la institución sin que se les prestaran los servicios correspondientes.
Aunque el pago per cápita ha aumentado significativamente en los últimos años, los servicios ofrecidos no han mejorado proporcionalmente, mientras que las quejas de los usuarios se mantienen constantes. La exdirectora destacó que irregularidades en la transición entre los regímenes contributivo y subsidiado han persistido desde la implementación del régimen contributivo en 2007, afectando a empleados, empleadores y médicos.
Marmolejos denunció también un esquema mediante el cual afiliados eran trasladados temporalmente entre regímenes para que algunas ARS cobraran sin brindar servicios, una práctica que calificó como “una de las más dañinas para el sistema”. Además, lamentó la falta de sanciones claras pese a los millones de pesos desviados.
La falta de vigilancia efectiva por parte de Sisalril ha generado perjuicios significativos, afectando la atención médica y la confianza en el sistema. También señaló que exfuncionarios y empleados que salen de nómina pasan automáticamente al régimen subsidiado sin control, lo que agrava la problemática.
Finalmente, Marmolejos insistió en que Senasa debe ser saneado, con transparencia y sanciones para los responsables, y destacó el papel que debe jugar la DIDA en la supervisión y defensa de los afiliados. Subrayó que el Consejo de la Seguridad Social debe garantizar que los servicios lleguen realmente a quienes los necesitan, fortaleciendo un sistema que beneficie a la población y no solo a intereses empresariales.
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