Isabel Ciprian
El juicio por presunta corrupción administrativa que enfrenta el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros procesados continuará el próximo 11 de noviembre, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazara la audiencia y decidiera examinar junto con el fondo del caso los 21 incidentes presentados nuevamente por las defensas.
Las magistradas Yissel Soto, Clara Castillo y Harlin Elizabeth Rosario acogieron la solicitud del Ministerio Público, que consideró necesario evaluar esos planteamientos en conjunto con las pruebas y los demás elementos que forman parte del expediente.
La decisión generó objeciones entre los abogados defensores, quienes anunciaron que recurrirían mediante recursos de oposición. El tribunal fijó para el miércoles 4 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, el debate oral de esas impugnaciones. La audiencia principal fue pautada para el 11 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana. En esa fecha también se prevé continuar con la recepción de documentos remitidos mediante la plataforma habilitada para el proceso.
Al referirse a lo ocurrido, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, defendió la actuación de las juezas. Acompañada de los fiscales Melbin Romero y Miguel Collado, sostuvo que la decisión busca preservar las garantías procesales de las partes.
Ortiz explicó que, al tratarse de una disposición adoptada durante la audiencia, los recursos de oposición deben formularse en ese mismo escenario. Añadió que los plazos aplicables a otras vías de impugnación no corresponden a este caso, debido a la naturaleza de los incidentes debatidos.
La representante del Ministerio Público señaló que los argumentos de las defensas abarcan distintos aspectos que, a su juicio, requieren una valoración detallada. Entre ellos mencionó la temporalidad de los hechos, la obtención de las pruebas admitidas en el auto de apertura a juicio y la determinación de las actuaciones atribuidas individualmente a cada acusado.
También indicó que deben examinarse el origen de los derechos de propiedad sobre los bienes incautados, los hechos descritos en la acusación y la valoración integral de las pruebas que se incorporen al proceso.
El pasado octubre, el Ministerio Público había respondido los 21 incidentes presentados por las defensas de Rodríguez y los demás imputados. Al considerar que no se habían acreditado las irregularidades denunciadas, solicitó que fueran conocidos junto con el fondo, petición que finalmente fue aceptada por el tribunal.
Ana María Soto Gross
