Los titulares de instituciones públicas serán sancionados si se niegan a ofrecer informaciones que soliciten periodistas y ciudadanos sobre las ejecutorias que realizan.
Así lo contempla el decreto presidencial que hizo público este lunes el gobierno.
Este decreto viene a fortalecer la ley de libre acceso a la información pública, según la directora general de ética e integridad gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.