Molina destaca sanciones a jueces y plantea reducir los juicios mediante acuerdos

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, informó que alrededor de diez jueces han sido destituidos y separados del sistema judicial durante su gestión, luego de comprobarse faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Molina explicó que los procesos disciplinarios deben desarrollarse respetando los derechos fundamentales de los magistrados y evitando cualquier tipo de politización o exposición pública que pueda convertirse en un “linchamiento”.

Entre las reformas aplicadas, señaló la eliminación de la suspensión de jueces sin disfrute de sueldo mientras son investigados disciplinariamente, así como la prohibición de interceptar sus llamadas telefónicas cuando se trate exclusivamente de procesos disciplinarios.

Indicó que, si durante una investigación surgen indicios de responsabilidad penal, el expediente es remitido al Ministerio Público, organismo encargado de determinar si existen elementos suficientes para presentar una acusación ante los tribunales.

El presidente de la SCJ destacó además que los casos de conductas inadecuadas representan menos del 1 % de los integrantes de la judicatura, al tiempo que resaltó el compromiso de la mayoría de los servidores judiciales.

Durante un encuentro con periodistas de la Fuente Judicial, Molina identificó como uno de los principales retos del sistema la poca utilización de mecanismos alternativos para resolver conflictos. Sostuvo que llevar la mayoría de los casos a juicio de fondo mantiene congestionados los tribunales y contribuye al uso excesivo de la prisión preventiva.

En ese sentido, planteó que entre el 90 % y el 95 % de los procesos penales deberían resolverse mediante acuerdos y otras salidas alternativas, reservando los juicios orales para los casos que realmente lo requieran.

Molina consideró que una mayor aplicación de estos mecanismos ayudaría a reducir el hacinamiento carcelario y permitiría que la prisión preventiva sea utilizada como una medida verdaderamente excepcional.

También cuestionó la realización de audiencias únicamente para solicitar documentos que podrían ser depositados desde el inicio del proceso y citó la jurisdicción contencioso-administrativa como ejemplo de casos que, por su naturaleza documental, podrían resolverse mediante expedientes escritos sin necesidad de un juicio oral.