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El Ministerio Público presentó acusación formal contra diez personas y cuatro empresas señaladas de formar parte de una presunta red de corrupción que habría distribuido más de 108 millones de pesos en sobornos para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada con diversas instituciones del Estado.
El expediente fue depositado ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, junto con la solicitud de apertura a juicio contra los imputados vinculados a la denominada Operación Lobo.
Entre los acusados figura Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase), así como varios exfuncionarios y encargados de seguridad de instituciones públicas como Edesur, Edeeste, Edenorte, Inaipi y Senasa.
La acusación también incluye como personas jurídicas a Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling S.R.L., según informó el órgano persecutor.
De acuerdo con la investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución, la supuesta estructura habría operado entre los años 2012 y 2025, utilizando transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo para influir en la continuidad de contratos estatales.
El Ministerio Público sostiene que los pagos ilícitos tenían como objetivo garantizar la adjudicación, permanencia y ejecución de acuerdos de vigilancia privada con diferentes instituciones gubernamentales, alcanzando un monto total de 108 millones 80 mil 359 pesos.
La investigación se inició luego de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dio paso a las diligencias encabezadas por las autoridades anticorrupción. Ahora será un tribunal quien deberá determinar si existen méritos suficientes para enviar el caso a juicio.
Isabel Ciprian
