Ana María Soto Gross
Las megatiendas de capital chino han dejado de concentrarse en la avenida Duarte y el Gran Santo Domingo para expandirse hacia ciudades intermedias y municipios de distintas regiones del país, ocupando grandes establecimientos y transformando el panorama del comercio minorista.
Estos negocios ofrecen una amplia variedad de productos a precios competitivos, desde artículos para el hogar y decoración hasta muebles, herramientas y mercancías destinadas a pequeños comerciantes y revendedores. Su crecimiento ha generado oportunidades de empleo y dinamizado actividades vinculadas al transporte, alquileres y distribución, pero también ha provocado cuestionamientos por parte de sectores del comercio dominicano.
Uno de los principales reclamos está relacionado con la falta de información oficial que permita determinar con precisión cuántas megatiendas operan en el país, cuánto importan, qué cantidad de empleos generan y si cumplen las mismas obligaciones fiscales, aduanales y laborales que los demás establecimientos.
Entre agosto de 2020 y abril de 2025, la Dirección General de Aduanas fiscalizó 181 comercios de origen chino dedicados a la venta de mercancías diversas. Según los datos citados en la investigación, las auditorías generaron reliquidaciones de impuestos superiores a los 3,360 millones de pesos, mientras que los procedimientos sancionadores superaron los 5,799 millones de pesos.
Entre los principales hallazgos señalados por las autoridades figuran casos de presunta subvaluación de mercancías, doble facturación, alteración de valores y cantidades, así como el uso incorrecto de partidas arancelarias.
Mientras representantes del comercio organizado denuncian posibles prácticas de competencia desleal, los empresarios chinos sostienen que sus precios responden principalmente a compras en grandes volúmenes, acceso directo a proveedores y una estructura de costos diferente.
Los cuestionamientos también alcanzan el ámbito laboral. Operativos de la Dirección General de Migración han detectado trabajadores extranjeros en condición migratoria irregular en establecimientos inspeccionados. Sin embargo, estos casos no permiten establecer por sí solos cuál es la magnitud de la situación en todo el sector.
La principal dificultad radica en la falta de una evaluación integral. Mientras Aduanas fiscaliza las importaciones, la DGII supervisa las obligaciones tributarias, el Ministerio de Trabajo verifica las condiciones laborales y Migración controla el estatus de los trabajadores extranjeros, no existe una radiografía pública que integre toda esta información.
La ausencia de estadísticas consolidadas mantiene abierto el debate entre comerciantes dominicanos y empresarios de origen chino, sin que hasta el momento exista una medición oficial que permita determinar el alcance real de las denuncias.
El crecimiento de estas grandes superficies plantea, por tanto, un desafío para las autoridades dominicanas: garantizar que todos los actores del mercado compitan bajo las mismas reglas, independientemente del origen de sus propietarios.
Más allá de la nacionalidad de los empresarios, el reto consiste en determinar quién importa, cuánto declara, cómo comercializa sus productos, qué obligaciones cumple y cuáles son las consecuencias cuando se detectan irregularidades. Una fiscalización coordinada y transparente permitiría proteger tanto la recaudación del Estado como a los comerciantes que cumplen con la legislación vigente.
Isabel Ciprian
