Isabel Ciprian
Como resultado de una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, el empresario Maxy Gerardo Montilla Sierra y varias de sus empresas firmaron un acuerdo con el Ministerio Público, mediante el cual admiten su responsabilidad penal en actos de corrupción y aceptan entregar al Estado dominicano más de RD$2,000 millones, en dinero y bienes.
El acuerdo fue homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, bajo el criterio de oportunidad previsto en el Código Procesal Penal. El mismo fue presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y representa uno de los avances más significativos en el combate a la corrupción administrativa.
Compensación económica y decomisos
El convenio incluye el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo, y una indemnización de RD$600 millones en favor de las empresas Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), del Sur (EdeSur) y del Norte (EdeNorte), por los daños causados por las maniobras fraudulentas de Montilla y sus compañías.
Además, el empresario deberá pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) una suma superior a RD$431 millones por conceptos fiscales adeudados.
Dentro del acuerdo también se contempla el decomiso de un inmueble de 200.18 metros cuadrados ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza esquina Ortega y Gasset, valorado en RD$50.9 millones.
Disolución de empresas
Montilla tendrá un plazo de dos años para disolver once empresas involucradas en los hechos de corrupción, entre ellas:
- Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S.
- Electrocable Aluconsa, S.A.S.
- NSD Importaciones Diversas, SRL
- Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL
- Importadora Eaglerise, SRL
- TLC Negocios Globales, SRL
- Watmax Lighting, SRL
- Herrajes Eléctricos RPC, SRL
- MG Solomon Corporation
…entre otras.
Reconocimiento de culpabilidad y uso del poder político
El Ministerio Público sostiene que Montilla Sierra utilizó sus empresas como vehículos societarios para acceder de forma irregular a contratos públicos, aprovechando su cercanía con el poder político y el acceso a información privilegiada.
El documento judicial señala que sus compañías obtuvieron adjudicaciones ilícitas en procesos de compras del Estado, particularmente en el sector energético, lo que generó perjuicio al patrimonio público y deficiencias operativas en las distribuidoras de electricidad.
Entre las irregularidades cometidas figuran:
- Monopolio de proveedores en el sector eléctrico.
- Manipulación de plazos de entrega.
- Sobornos a funcionarios públicos para agilizar contratos y pagos.
- Estafa al Estado mediante modificación de contratos y prácticas fraudulentas.
Base legal del acuerdo
El acuerdo se sustentó en el numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penal, que permite aplicar el criterio de oportunidad en casos complejos cuando el imputado colabora activamente con la investigación y ayuda a prevenir nuevos delitos.
Representación legal
Las empresas eléctricas estuvieron representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE), y asistidas legalmente por los abogados Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.
La defensa de Montilla fue encabezada por los abogados Joaquín Antonio Zapata Martínez y Edward Veras Vargas.
Valoración del Ministerio Público
Los procuradores Wilson Camacho (Dirección General de Persecución) y Mirna Ortiz (Pepca) calificaron la decisión como un hito que refuerza la lucha contra la impunidad liderada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
