Cámara de Cuentas aprueba auditorías a Punta Catalina, CEA y dos ayuntamientos

En su decimocuarta sesión ordinaria, celebrada el pasado 28 de agosto, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) aprobó cuatro nuevos informes de auditoría dirigidos a instituciones clave del sector público, reforzando su compromiso con la transparencia y el control del gasto estatal.

Los organismos auditados en esta ocasión son:

• El Ministerio de Energía y Minas, específicamente la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC)
• El Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata
• El Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
• El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN)

Detalles de las auditorías

1. Ministerio de Energía y Minas – Punta Catalina
   Se evaluó el costo de construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, desde su inicio en 2013 hasta el 31 de diciembre de 2021. La auditoría fue llevada a cabo por un equipo multidisciplinario de técnicos y expertos.
2. Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata
   Se revisaron las informaciones financieras y estados de ejecución presupuestaria del período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.
3. Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
   El informe se centra en los estados financieros del CEA entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.
4. Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN)
   Se evaluaron los datos financieros y presupuestarios del ADN entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.

Cada informe fue acompañado por su informe legal correspondiente, conforme a las facultades otorgadas por la Constitución de la República y la Ley núm. 18-24, que regula la función fiscalizadora de la CCRD.

Transparencia institucional

Con estos cuatro informes, la gestión actual de la Cámara de Cuentas acumula un total de 24 auditorías aprobadas desde su inicio, lo que refleja un esfuerzo sostenido por mejorar la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

Este trabajo se enmarca en una estrategia de fortalecimiento institucional, en apego a la normativa vigente y a los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad en la administración pública.