Isabel Ciprian
Un tribunal de La Altagracia dictó auto de apertura a juicio contra seis personas vinculadas a una red criminal acusada de secuestro, lavado de activos, asociación de malhechores y otros delitos conexos, tras acoger la acusación presentada por el Ministerio Público.
Los imputados Ambiorix Vásquez Severino, Estefany Esmerlin Ramírez Pérez, Manuel Acosta (Angonga), Tairi Vásquez Severino, Jhan Carlos Rivera Martínez y Ruth Delanea Severino Santana enfrentarán el juicio luego de que el tribunal considerara suficientes las pruebas documentales, periciales, testimoniales y audiovisuales presentadas por los fiscales.
El caso fue investigado y llevado a la audiencia preliminar por los fiscales Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Unidad Antisecuestro, y Surielly Guerrero, de la Fiscalía de La Altagracia, con apoyo operativo de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional.
Según la investigación, la red operaba de manera organizada, simulando operativos de organismos oficiales como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y utilizaba testaferros para blanquear los bienes obtenidos con los rescates. El 4 de marzo de 2025, los acusados habrían privado de libertad a una víctima, llevándola a una zona de manglares donde fue torturada y sometida a descargas eléctricas. Posteriormente, exigieron un rescate de 20 millones de pesos, recibiendo finalmente cerca de 9,8 millones en efectivo y bienes de alto valor.
El Ministerio Público detalló que los fondos del secuestro se introdujeron al sistema económico mediante adquisición de vehículos, joyas y otros bienes a nombre de terceros, con maniobras como transferencias irregulares, empeño de prendas y compras con placas falsas, estrategias típicas de lavado de activos.
Las titulares de la Procuraduría Antilavado y de la Fiscalía de La Altagracia, Ramona Nova y Claudia Garrido, destacaron que la apertura a juicio representa un paso firme en la lucha contra redes criminales que combinan delitos violentos con operaciones financieras ilícitas.
Con esta decisión, el expediente será remitido al tribunal colegiado competente, donde se celebrará el juicio con la intención de obtener condenas ejemplares contra los acusados por los delitos de secuestro y lavado de activos.
Ana María Soto Gross
