Isabel Ciprian
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue designado para conocer el juicio preliminar del expediente de la Operación Lobo, que involucra a 14 personas físicas y jurídicas acusadas de integrar una presunta red de corrupción dedicada al pago de sobornos para obtener contratos de seguridad privada en instituciones del Estado.
La asignación del caso se realizó mediante un sorteo aleatorio computarizado, encabezado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, conforme al procedimiento establecido por el Poder Judicial. Con el expediente bajo su responsabilidad, el magistrado deberá fijar la fecha de la audiencia preliminar, en la que el Ministerio Público solicitará la apertura de un juicio de fondo contra los imputados.
Entre los acusados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Inaipi; y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste, además de otros exfuncionarios y responsables de seguridad de distintas entidades públicas.
En el proceso también fueron incluidas las empresas Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling S.R.L., señaladas por el Ministerio Público de formar parte de la presunta estructura.
Según la acusación, la red habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos a funcionarios encargados de seguridad institucional para asegurar la adjudicación y continuidad de contratos, agilizar procesos administrativos y evitar controles sobre su ejecución.
La investigación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se inició tras una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. De acuerdo con el expediente, el esquema habría operado entre los años 2012 y 2025. Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que salieron a la luz durante la Operación Lobo, ejecutada por el Ministerio Público en julio de 2025.
