Isabel Ciprian
La organización Convergencia Nacional para el Control de la Seguridad Social acudió este jueves ante la Procuraduría General de la República para denunciar lo que considera una presunta paralización de las investigaciones en torno al caso de irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), uno de los escándalos de corrupción más graves que ha sacudido al país en los últimos años.
El colectivo expresó su preocupación por lo que califica como “aprestos dirigidos a excluir” a empresarios que, según alegan, tendrían responsabilidad directa en el supuesto desfalco. Entre los señalados se mencionan a Sonia Read Villanueva, vinculada a la empresa Salud Bucal, y a Fred Oscar Imbert, empresario ligado al sector turístico y relacionado con la compañía Raya Foods, operadora de una franquicia de comida rápida.
De acuerdo con la denuncia, ambos habrían recibido sumas millonarias a través de la empresa Deleste, SRL, dentro de las operaciones que se encuentran bajo investigación. La organización advierte que mientras algunos implicados de menor perfil son procesados, estas empresas presuntamente receptoras de fondos continúan operando con normalidad, lo que sugiere, según el colectivo, que existirían presiones de sectores políticos y económicos para distorsionar el proceso judicial.
La Convergencia Nacional calificó el caso como “uno de los episodios de corrupción más graves y perjudiciales en la historia del país” y solicitó a la Procuraduría que amplíe las investigaciones, incluya a todos los presuntos responsables y proceda con la confiscación de bienes y sociedades comerciales vinculadas. Según sus estimaciones, los activos involucrados superarían los 30 mil millones de pesos, presuntamente en manos de los principales implicados.
El llamado de la organización apunta a garantizar que no haya impunidad y que las autoridades actúen de manera transparente y eficaz, asegurando que todos los responsables del desfalco sean investigados y respondan ante la justicia. La denuncia se da en un contexto de creciente presión ciudadana para que los casos de corrupción sean tratados con rigor y sin favoritismos.
