Isabel Ciprian
El Centro Juan XXIII expresó preocupación por la situación fiscal del país y advirtió que la reciente aprobación de la Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional no resuelve el principal desafío de las finanzas públicas: el aumento sostenido del gasto corriente del Estado.
Aunque la organización valoró algunos aspectos positivos de la normativa, entre ellos la eliminación de anticipos para microempresas y personas físicas, la reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado a las ganancias de capital por la venta de inmuebles y la eliminación de tributos considerados obsoletos, sostuvo que estas medidas resultan insuficientes sin una política efectiva de control del gasto público.
La entidad señaló que incrementar la recaudación mediante nuevos impuestos, sin aplicar recortes significativos al gasto corriente, podría aplazar problemas fiscales más profundos que tendrían que enfrentarse en el futuro. En ese sentido, destacó que este tipo de gasto pasó de representar el 14.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) antes de la pandemia a un 16.5 % en la actualidad.
Asimismo, cuestionó las proyecciones oficiales de ingresos adicionales por RD$122,486 millones, al considerar que no se han especificado con claridad las áreas donde se realizarán ajustes presupuestarios ni los mecanismos para garantizar un uso eficiente de esos recursos.
Ante este panorama, el Centro Juan XXIII planteó la necesidad de implementar metas concretas de reducción del gasto, establecer informes trimestrales de rendición de cuentas, fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana independiente y reducir las partidas destinadas al gasto político.
“La reforma fue aprobada, pero el problema estructural del gasto corriente continúa pendiente”, advirtió la organización, al tiempo que alertó que la falta de medidas de austeridad podría obligar al país a enfrentar una reforma fiscal más exigente y con menor respaldo social en los próximos años.
