Isabel Ciprian
El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26, una normativa orientada a fortalecer el crecimiento económico, simplificar el sistema tributario y mitigar los efectos de la incertidumbre económica internacional sobre la República Dominicana. La legislación, aprobada previamente por el Congreso Nacional, contempla un conjunto de medidas destinadas a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, incentivar la inversión privada, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y fomentar la generación de empleos en distintos sectores productivos.
Amnistía fiscal y facilidades de pago
Entre las disposiciones más relevantes de la nueva ley figura el establecimiento de una amnistía fiscal temporal que permitirá a contribuyentes regularizar deudas tributarias bajo condiciones especiales hasta el 31 de diciembre de 2026. La normativa también incorpora mecanismos que facilitan la formalización de acuerdos de pago con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), además de incentivos para quienes realicen pagos anticipados y herramientas orientadas a la regularización de obligaciones fiscales pendientes.
Modificaciones al Impuesto Sobre la Renta
La Ley 30-26 introduce cambios al régimen del Impuesto Sobre la Renta (ISR), incluyendo la actualización de la escala aplicable a las personas físicas a partir del año 2027, con el propósito de adecuarla a las condiciones económicas actuales Asimismo, establece nuevas disposiciones relacionadas con las ganancias de capital derivadas de operaciones inmobiliarias, contempla exenciones para viviendas de uso habitual y crea incentivos fiscales dirigidos a sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico nacional.
Impulso a la inversión y la actividad productiva
Con la entrada en vigor de esta legislación, el Gobierno busca crear un entorno más favorable para la inversión, fortalecer la competitividad del país y promover un sistema tributario más eficiente y accesible para los contribuyentes.
Las autoridades consideran que estas medidas contribuirán a dinamizar la actividad económica, mejorar la recaudación y ofrecer mayores facilidades tanto a ciudadanos como a empresas en el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales.
