Isabel Ciprian
Santo Domingo.– Las indagatorias del Ministerio Público sobre el supuesto fraude cometido contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) continúan arrojando nuevas evidencias de prácticas irregulares que habrían sido realizadas por los imputados, entre ellas la indicación de procedimientos médicos sin justificación clínica.
De acuerdo con los reportes preliminares, a un mismo paciente se le habrían ordenado hasta seis cateterismos innecesarios, mientras que otros afiliados que sí requerían el procedimiento nunca lo recibieron. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis del uso ilícito de recursos destinados al sistema público de salud.
Solicitan prisión preventiva y declaran complejidad del caso
El Ministerio Público presentó su solicitud de medidas de coerción, pidiendo 18 meses de prisión preventiva para los 10 imputados y que el proceso sea declarado caso complejo. Las autoridades estiman que este presunto esquema de corrupción provocó un déficit cercano a los 15 mil millones de pesos, afectando tanto la estabilidad financiera del seguro estatal como el acceso de los afiliados a servicios esenciales.
Imputados y vínculos señalados por la investigación
Entre los acusados figuran exfuncionarios y actores del sector salud:
- Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa
- Francisco Iván Minaya, exgerente de Servicios de Salud
- Gustavo Enrique Messina, exgerente financiero
- Germán Robles, exconsultor jurídico
- Eduardo Read Estrella, médico
- Ramón Alan Speakler Mateo, vinculado al Grupo Suilrod
- Cinty Acosta, representante de IntraCare
- Ada Ledesma, vinculada a la farmacéutica Lufarka y estudiante de medicina
Las pesquisas continúan abiertas, y no se descartan nuevas imputaciones conforme avance la recolección de pruebas.
Senasa y los desafíos de supervisión
Senasa, entidad responsable de garantizar la cobertura médica a los trabajadores formales y sus dependientes, ha enfrentado históricamente retos vinculados al manejo de fondos, la regulación de servicios y el control de procedimientos clínicos.
Casos previos han mostrado que la combinación de fallas administrativas, supervisión limitada y colusión entre actores públicos y privados permite el desvío de recursos. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de auditorías periódicas, mayor transparencia y el fortalecimiento de los controles internos para proteger los fondos del seguro y asegurar la atención adecuada a los afiliados.
