Isabel Ciprian
Nueva York.— El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este lunes por primera vez ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), donde se declararon no culpables de todos los cargos presentados en su contra por la justicia estadounidense.
Durante la audiencia, el abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, informó al tribunal que, por ahora, no solicitará la libertad bajo fianza para su cliente, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo en una etapa posterior del proceso judicial.
Según la acusación formal, la Fiscalía sostiene que Maduro encabezó durante años un aparato estatal ilegítimo y profundamente corrompido, que habría utilizado instituciones del Estado venezolano para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. El documento describe una supuesta red criminal organizada desde las más altas esferas del poder.
Además del mandatario, la causa incluye como imputados al ministro del Interior, Diosdado Cabello; al exministro Ramón Rodríguez Chacín; a Cilia Flores; al hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”; y a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua. La acusación identifica a este entramado como el llamado “Cartel de los Soles”, integrado por altos funcionarios civiles y militares.
La Fiscalía también señala presuntas alianzas con grupos armados y organizaciones criminales internacionales, entre ellas las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el propio Tren de Aragua. Según el expediente, estas estructuras habrían colaborado en la producción, protección y traslado de cocaína desde Colombia, Venezuela y Centroamérica hasta territorio estadounidense.
Entre los hechos concretos mencionados figuran el uso de pasaportes diplomáticos para facilitar operaciones de narcotráfico, el transporte de droga en vuelos comerciales y privados, el pago de sobornos millonarios y la protección de laboratorios y pistas clandestinas. El documento también alude al empleo de armamento pesado y a la actuación de grupos armados para asegurar el control de rutas y territorios estratégicos.
Los cargos formales incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión y conspiración para el uso de armas de guerra. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos solicita el decomiso de bienes, dinero y activos que considera producto directo o indirecto de estas actividades ilícitas.
Con esta acusación ampliada, la Fiscalía Federal de Nueva York refuerza la tesis de que el liderazgo venezolano habría operado durante décadas como una organización criminal transnacional, con impactos que, según Washington, trascendieron las fronteras de Venezuela y contribuyeron a la inestabilidad y la inseguridad en la región.
