La conmoción inicial provocada por el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court ha dado paso en Hong Kong a un profundo duelo por las 156 víctimas mortales, a los homenajes para quienes arriesgaron la vida durante la tragedia y a una creciente indignación por las fallas de prevención y supervisión que permitieron la rápida expansión del fuego.
La presión social ha obligado al Gobierno a prometer que depurará responsabilidades en todos los niveles. Hasta ahora existen dos líneas de investigación penal: una centrada en posibles casos de negligencia y corrupción vinculados a las obras de rehabilitación con directivos, ingenieros y subcontratistas arrestados y otra que ha derivado en la detención de activistas y un estudiante que exigían transparencia, bajo el argumento de seguridad nacional.
Entre el dolor y la rabia ciudadana
El lunes por la noche, un rito funerario taoísta junto a las torres calcinadas reflejó la dimensión del duelo colectivo. Mientras resonaba la suona, un maestro elevó un altar con frutas, rompió nueve tejas simbolizando los niveles del inframundo y quemó ofrendas de papel. A escasos metros, cientos de personas hacían filas para dejar flores y notas, expresando agradecimiento hacia los equipos de rescate, pero también una indignación contenida por una tragedia que, según denuncian, pudo haberse evitado.
El proceso de identificación de las víctimas aún tardará semanas, y no se descarta que el número de fallecidos aumente. En medio de la catástrofe, la población ha destacado el valor de las trabajadoras domésticas migrantes principalmente filipinas e indonesias que se negaron a abandonar a los ancianos y niños que cuidaban durante la evacuación. Sus imágenes y mensajes de reconocimiento cuelgan hoy en un altar improvisado.
Investigación, negligencias y represión
El incendio, el más letal en décadas en Hong Kong, se originó en un bloque en plena remodelación dentro de un complejo de los años 80 con ocho torres y más de 4,600 residentes. En menos de cuatro horas, el fuego se extendió a seis edificios adicionales.
Una investigación preliminar apunta a que la rápida propagación estuvo alimentada por redes sintéticas ilegales instaladas en andamios de bambú y paneles de espuma inflamable colocados en ventanas y pasillos. El fuego se prolongó durante 43 horas, rompió cristales, llenó las viviendas de humo tóxico y evidenció la precariedad de los sistemas contra incendios. Los vecinos aseguran haber denunciado desde 2023 los riesgos y materiales sospechosos, sin recibir respuesta de las autoridades.
La exigencia de respuestas ha sido respondida con medidas represivas. Un estudiante fue detenido por “incitación” tras iniciar una petición que rápidamente sumó más de 10,000 firmas reclamando ayuda inmediata y una investigación independiente. Al día siguiente, también fueron arrestados el exconcejal Kenneth Cheung y una voluntaria que asistía a los damnificados. Además, las autoridades ordenaron el retiro de equipos de ayuda vecinal para evitar que la zona se convirtiera en un foco de protesta.
Al mismo tiempo, doce personas vinculadas a la contratista principal y a empresas de ingeniería y fachada han sido detenidas por presunto homicidio imprudente, mientras se han suspendido 30 proyectos similares y abierto expedientes a proveedores.
El Gobierno ha activado ayudas económicas con apoyo de empresas privadas y ha habilitado más de 1,400 viviendas transitorias en 30 ubicaciones para los afectados, con dos semanas de alojamiento gratuito inicial.
Tensión adicional a días de las elecciones
El desastre ha añadido presión al clima político justo antes de las elecciones al Consejo Legislativo, previstas para este domingo bajo el sistema «solo patriotas», que limita a 20 los escaños de elección directa y excluye a aspirantes considerados no leales a Pekín. Aunque se evaluó posponer los comicios, el Ejecutivo ha confirmado que se celebrarán en la fecha programada.
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