Isabel Ciprian
Una operación internacional coordinada por Interpol permitió rescatar a 65 menores víctimas de explotación sexual y detener a 60 presuntos implicados en nueve países de América Latina y el Caribe, tras una investigación que se extendió durante once meses y concluyó en enero.
El operativo, denominado Operación Eclipse, se desarrolló en Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.
Según la agencia policial internacional, la mayoría de las víctimas tenía entre 5 y 13 años, y alrededor del 80 % eran niñas. Las investigaciones revelaron que los presuntos agresores mantenían diferentes tipos de relación con los menores, desde familiares, amigos y vecinos hasta educadores, además de depredadores que actuaban a través de internet o viajeros extranjeros.
Enfoque en redes de explotación
El objetivo principal de la operación fue identificar a las víctimas y desmantelar las redes responsables de producir y distribuir material de explotación sexual infantil. Interpol indicó que los menores rescatados recibieron protección y asistencia por parte de las autoridades de cada país.
En Panamá, el operativo permitió resolver un caso que llevaba más de diez años sin resolverse, relacionado con una víctima que permanecía sin identificar dentro de la base de datos de la organización policial.
En República Dominicana, las autoridades arrestaron a dos sospechosos vinculados al abuso sexual de dos menores de 10 y 13 años. Entre los detenidos figura la madre de las víctimas, acusada de facilitar y participar en los abusos, así como un delincuente sexual que residía con las menores.
La captura de los implicados permitió además incautar más material relacionado con explotación infantil y descubrir la posible existencia de otras víctimas.
Por otro lado, en Costa Rica, los investigadores lograron localizar a una menor cuyo agresor se había hecho pasar por una celebridad en internet para ganarse su confianza. Posteriormente utilizó tácticas de manipulación y amenazas dirigidas a su familia para mantener el control sobre la víctima.
La cooperación entre autoridades de Panamá y República Dominicana también permitió identificar a dos sospechosos buscados por delitos sexuales por la justicia panameña. Ambos se encontraban en territorio dominicano, lo que dio inicio a un proceso de extradición para que enfrenten cargos ante la justicia panameña.
Ana María Soto Gross
