La comunidad haitiana en Miami recordó ayer lunes el 16 aniversario del devastador terremoto que azotó a Haití en 2010 y dejó más de 300.000 fallecidos, una tragedia que motivó a Estados Unidos a otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS). Sin embargo, el beneficio migratorio será eliminado el próximo 3 de febrero por decisión del presidente Donald Trump, lo que genera preocupación entre miles de familias.
Líderes comunitarios, activistas y funcionarios electos se reunieron en el sector de la Pequeña Haití, donde guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas del sismo y luego expresaron su alarma ante el riesgo que enfrentan más de 500.000 haitianos que quedarían sin protección legal y expuestos a la deportación hacia un país sumido en una profunda crisis de violencia e inestabilidad.
La concejal del condado de Miami-Dade, Marleine Bastien, de origen haitiano, señaló que, a 16 años del terremoto de magnitud 7 que destruyó gran parte de la infraestructura del país, la situación en Haití es incluso más grave. Recordó que tras el sismo del 12 de enero de 2010, que dejó a 1,3 millones de personas sin hogar, la nación no ha logrado recuperarse y enfrenta hoy una ausencia de liderazgo electo y un aumento sostenido de la violencia de pandillas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Bastien citó datos de la ONU que indican que más de dos millones de haitianos están desplazados dentro de su propio país, que el 90 % de Puerto Príncipe se encuentra bajo control de bandas armadas y que más de 5.000 personas murieron a causa de la violencia en el último año.
En este contexto, políticos y defensores de los migrantes expresaron el temor de la comunidad ante la eliminación del TPS. Bastien cuestionó cómo se puede justificar la deportación de personas que han construido su vida en Estados Unidos cuando Haití se encuentra en peores condiciones que hace 16 años. Además, destacó que los beneficiarios del TPS en Florida aportan más de 5.000 millones de dólares en impuestos, subrayando que el tema no es político, sino humanitario.
Florida sería uno de los estados más impactados por el fin del TPS, al concentrar la mayor diáspora haitiana del país. Según el Migration Policy Institute, cerca de la mitad de los aproximadamente 731.000 inmigrantes haitianos en Estados Unidos residen en ese estado. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la situación en Haití ya no justifica el TPS, autoridades locales rechazan ese argumento.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, calificó de inhumana la decisión, al señalar que mientras se reconoce la violencia en Haití mediante restricciones de viaje, se pretende deportar a personas hacia ese mismo escenario. Recordó que más de 1,4 millones de haitianos abandonaron sus hogares el año pasado por la violencia y que cerca de seis millones de personas requieren ayuda humanitaria.
En la misma línea, la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, pidió mantener el TPS hasta que Haití alcance estabilidad y seguridad. Afirmó que la comunidad haitiana es parte esencial de la identidad de la ciudad y advirtió que la eliminación del estatus migratorio tendrá un profundo impacto humano y social en las próximas semanas.
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