El segundo informe anual de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, presentado en septiembre al papa León XIV, expone una realidad inquietante: las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero continúan enfrentando represalias por parte de líderes de la Iglesia católica, incluso décadas después de haber denunciado los hechos.
El documento, elaborado con el testimonio directo de 40 víctimas, revela casos de presión institucional y exclusión social. Una denunciante relató que su familia fue públicamente excomulgada tras presentar su acusación, mientras otra señaló que el obispo advirtió que su denuncia podría impedir la ordenación de su hermano seminarista.
Luis Manuel Alí Herrera, secretario de la comisión, expresó en rueda de prensa que las víctimas “no se sienten escuchadas, ni acompañadas, y muchas veces no reciben ni respeto ni empatía”.
Además de exigir reparaciones como apoyo psicológico, disculpas públicas e indemnizaciones, el informe subraya la necesidad de que la Iglesia comunique abiertamente las razones detrás de la destitución de sacerdotes acusados.
El texto también denuncia una “resistencia cultural” que obstaculiza la lucha contra los abusos en muchas diócesis, con grandes diferencias entre regiones. Italia, por ejemplo, es señalada por su escasa colaboración: solo 81 de sus 226 diócesis respondieron al cuestionario de investigación.
Thibault Verny, arzobispo francés y presidente de la comisión desde julio, afirmó que el informe busca ser una herramienta para romper la “cultura del silencio” que persiste en países como Malta, Etiopía, Mozambique y Guinea.
La comisión fue creada en 2014 por el papa Francisco, quien impulsó numerosas reformas hasta su fallecimiento en abril de 2025. Su sucesor, León XIV, ha mostrado interés en continuar esa labor, aunque su primera entrevista generó inquietud al destacar la necesidad de proteger a sacerdotes frente a acusaciones falsas, algo que las asociaciones de víctimas consideran un riesgo para la política de tolerancia cero.
Pese a los avances, el informe recuerda que el secreto de confesión sigue siendo inviolable y que, salvo en países donde la ley lo exige, los miembros del clero no están obligados a reportar delitos ante la justicia civil.
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