En una sesión relámpago celebrada este jueves, la Asamblea Legislativa de El Salvador controlada por el oficialismo aprobó una profunda reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida y amplía el período de gobierno de cinco a seis años, consolidando aún más el poder del presidente Nayib Bukele.
Con 57 votos de diputados oficialistas y la oposición reducida a solo tres votos en contra, se avalaron varios cambios sustanciales: la eliminación de la segunda vuelta electoral, la sincronización de los comicios presidenciales, legislativos y municipales, y el ajuste del calendario electoral para celebrar elecciones generales en marzo de 2027. Esto implica que el actual período presidencial, originalmente previsto hasta 2029, será recortado en dos años.
«Gracias por hacer historia, colegas diputados», celebró el presidente del Congreso, Ernesto Castro, miembro del partido oficialista Nuevas Ideas.
Críticas por concentración de poder
Bukele, de 44 años, fue reelegido en 2024 con más del 85 % de los votos, consolidando su control sobre todos los poderes del Estado. Sin embargo, la nueva reforma ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros de la oposición.
«Este día ha muerto la democracia en El Salvador», denunció la diputada opositora Marcela Villatoro, quien criticó que la votación se realizara mientras el país iniciaba un feriado nacional: «Son unos cínicos», agregó.
«El pueblo decidirá» vs. «camino a la dictadura»
La diputada oficialista Ana Figueroa, promotora de la reforma, sostuvo que la decisión «devuelve el poder al pueblo», quien podrá elegir «hasta cuándo» quiere que Bukele siga gobernando.
Sin embargo, organismos internacionales no comparten esa visión. Para Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch, esta medida pone a El Salvador en el mismo rumbo que Venezuela: “Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”.
El coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, aseguró que las reformas marcan «el colapso total del equilibrio democrático».
Régimen de excepción y detenciones arbitrarias
Bukele ha sostenido su popularidad mediante una política de seguridad marcada por un régimen de excepción vigente desde 2022, que ha permitido la detención de más de 87,000 personas, presuntamente vinculadas a pandillas. Organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico denuncian que miles han sido arrestados de forma arbitraria y que al menos 430 personas han muerto en prisión en condiciones cuestionables.
A pesar de las críticas, Bukele ha declarado que le tiene «sin cuidado» que lo llamen dictador, reafirmando su compromiso con la «guerra contra las pandillas», aún cuando esta ha sido duramente criticada por limitar libertades civiles y permitir detenciones sin orden judicial.
Reformas sin contrapesos
La posibilidad de la reelección indefinida fue abierta en 2021 por una sentencia del Tribunal Constitucional emitida por jueces nombrados por el mismo Congreso afín a Bukele. En abril de 2024, el parlamento reformó el proceso constitucional para que los cambios ya no necesiten ser ratificados por una nueva legislatura, eliminando un control clave del sistema.
Con esta nueva reforma, El Salvador se encamina hacia un modelo de gobierno con menos controles democráticos y mayor concentración de poder en el Ejecutivo, lo que ha encendido las alarmas dentro y fuera del país.
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