A diferencia de otros años, la elección del personaje más influyente del mundo en 2025 no dejó mayores dudas. Aunque hubo figuras relevantes en el escenario internacional, ninguna concentró tanto poder, atención y controversia como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su retorno a la Casa Blanca.
La campaña electoral de 2024, en la que el republicano venció con relativa holgura a la demócrata Kamala Harris, ya anticipaba un segundo mandato más confrontacional que el primero (2017-2021). Sin embargo, pocos imaginaron la magnitud y la velocidad con la que Trump volvería a transformar la política estadounidense y el orden global.
En apenas 11 meses de gobierno, su administración ha redefinido alianzas históricas, debilitado pilares institucionales, alterado las reglas del comercio internacional y empujado al país por una senda que numerosos analistas califican como autoritaria. Las consecuencias de estas decisiones no se han limitado al ámbito interno, sino que se han sentido en prácticamente todas las regiones del planeta.
En el plano doméstico, su presidencia se ha caracterizado por una expansión sin precedentes del poder Ejecutivo, apoyada en decretos y órdenes ejecutivas que le han permitido avanzar una agenda nacionalista con el respaldo de un Congreso dominado por el Partido Republicano. Uno de los ejes centrales ha sido la política migratoria, con la reactivación y ampliación de deportaciones aceleradas, redadas masivas en ciudades santuario y operativos del ICE en centros de trabajo, transporte y educación.
Cifras oficiales indican que más de 300,000 migrantes han sido detenidos bajo nuevos criterios que permiten su retención prolongada sin proceso judicial, mientras que las deportaciones en los primeros diez meses rozan el medio millón, un número históricamente alto en comparación con administraciones anteriores.
De forma paralela, Trump ha impulsado un profundo recorte del aparato federal. El Departamento de Estado sufrió la eliminación de áreas clave vinculadas a derechos humanos, cambio climático y diplomacia pública, mientras que el Departamento de Educación fue reducido al mínimo. Otras agencias y centros de análisis desaparecieron por completo.
El uso de fuerzas federales dentro del territorio estadounidense también marcó un quiebre. En ciudades como Portland, Chicago y Atlanta, agentes federales intervinieron en protestas y operativos sin coordinación con autoridades locales, reavivando el debate sobre la politización de la seguridad y los límites del poder presidencial.
La relación con la prensa se ha deteriorado aún más. Trump pasó de descalificar a medios como “enemigos del pueblo” a impulsar investigaciones, demandas millonarias y restricciones directas a periodistas, lo que ha encendido alertas en organizaciones defensoras de la libertad de expresión. El sistema judicial tampoco ha quedado al margen, con desafíos abiertos a fallos federales y el uso del Departamento de Justicia contra rivales políticos y fiscales críticos.
Expertos advierten que Estados Unidos atraviesa una etapa de “autoritarismo competitivo”, en la que las instituciones siguen operando formalmente, pero son manipuladas para favorecer a un solo actor político. Así lo señala un reciente informe elaborado por exfuncionarios de agencias de seguridad, quienes alertan sobre un acelerado deterioro democrático.
En el ámbito internacional, el retorno de Trump significó un giro abrupto respecto al orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial. Washington se ha distanciado de Europa, ha cuestionado el rol de la OTAN y ha condicionado su apoyo militar en conflictos como el de Ucrania, generando tensiones con aliados históricos.
En Medio Oriente, mantuvo un respaldo firme a Israel, promovió un frágil alto al fuego en Gaza y endureció su política contra Irán, que incluyó ataques directos a instalaciones militares. En lo económico, sacudió el comercio mundial al imponer aranceles globales del 10 %, con tasas mayores para países específicos, utilizando las tarifas como herramienta de presión política. Aunque algunas de estas medidas fueron revertidas ante el impacto inflacionario y el descontento empresarial, la estrategia dejó huellas profundas.
América Latina ha sido una de las regiones más impactadas por la nueva doctrina Trump. El hemisferio pasó a ocupar un lugar prioritario en su política exterior, con una reinterpretación dura y militarizada de la doctrina Monroe. Se reforzó la presencia militar en el Caribe, se intensificaron operaciones antidrogas y se declararon a varios carteles como organizaciones narcoterroristas, abriendo la puerta a acciones directas.
La política hacia la región ha sido clara: recompensas para gobiernos alineados y sanciones para los considerados adversarios. Mientras países como Argentina, El Salvador o Panamá recibieron apoyo financiero y político, otros como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia enfrentaron nuevas presiones. Incluso se ha planteado abiertamente la posibilidad de acciones militares contra gobiernos señalados como hostiles.
Pese al respaldo de su base republicana, las encuestas reflejan un creciente desgaste. Según Gallup, su aprobación ronda el 36 %, uno de los niveles más bajos de su trayectoria, y las recientes derrotas electorales del Partido Republicano han encendido alarmas de cara a las elecciones de medio término de 2026.
Nadie sabe si este escenario obligará a Trump a moderar su rumbo. Lo que sí resulta indiscutible es que su regreso a la Casa Blanca ha redefinido el tablero político mundial y forzado a gobiernos y sociedades a replantearse el futuro de la democracia, la seguridad y el poder global en el siglo XXI, para bien o para mal.
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