Brasilia. – El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado este jueves a 27 años y tres meses de prisión por su participación en una trama para subvertir el orden democrático tras perder las elecciones presidenciales de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión fue tomada por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), que votó 4 a 1 a favor de declarar culpable a Bolsonaro y a otros siete acusados, incluidos exministros y altos mandos militares. Aunque la sentencia estaba programada para este viernes, los magistrados decidieron emitirla de inmediato tras concluir la audiencia.
Líder de una conspiración golpista
El juez relator del caso señaló como agravante la condición de “líder” de la organización criminal que encabezó Bolsonaro, acusación sostenida por la Fiscalía General. Según los fiscales, la conspiración comenzó en junio de 2021 e incluyó campañas sistemáticas de descrédito contra el sistema electoral brasileño, con el fin de impedir que Lula asumiera la presidencia tras ganar los comicios de octubre de 2022.
Tras la derrota electoral, las acciones pasaron del discurso a los hechos, con protestas violentas, intentos de atentados frustrados y campamentos frente a instalaciones militares, donde simpatizantes del expresidente pedían una intervención del Ejército para evitar la investidura de Lula.
El punto culminante se dio el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores radicalizados de Bolsonaro atacaron violentamente las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia: el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y la propia Corte Suprema.
Acusaciones y delitos
Bolsonaro fue hallado culpable de varios delitos graves, incluyendo:
- Atentado contra el Estado democrático de derecho
- Intento de golpe de Estado
- Organización criminal
- Deterioro de patrimonio público protegido
- Daño calificado
La Fiscalía señaló que el objetivo final de la trama era perpetuar a Bolsonaro en el poder mediante la instauración de un régimen dictatorial.
Con esta sentencia histórica, el Supremo Tribunal reafirma su compromiso con la democracia brasileña y marca un precedente en la región en cuanto a la rendición de cuentas de exmandatarios por delitos contra el Estado de derecho.
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