Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia manifestaron este viernes su intención de alcanzar a comienzos de 2027 un acuerdo con un país fuera de la Unión Europea (UE) para establecer un centro destinado al retorno de migrantes en situación irregular.
El ministro de Extranjería de Dinamarca, Morten Bødskov, informó que las conversaciones con un tercer país están avanzadas, aunque evitó revelar su identidad. El funcionario expresó además su expectativa de que los primeros migrantes puedan ser enviados desde Dinamarca a estas instalaciones durante 2027.
La iniciativa se enmarca en el nuevo Reglamento de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en junio, que contempla la posibilidad de establecer centros de devolución en terceros países y agilizar los procedimientos de deportación de personas que no tengan autorización para permanecer en territorio comunitario.
La normativa establece que quienes se encuentren de manera irregular en la UE deberán abandonar el territorio de forma inmediata o dentro de un plazo determinado. Al mismo tiempo, exige que los procedimientos respeten los derechos fundamentales y las normas del derecho internacional, incluido el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas.
Los cinco países acordaron impulsar un modelo basado en tres principios fundamentales. El primero consiste en reducir de manera significativa la inmigración irregular hacia la UE y limitar los beneficios económicos de las redes dedicadas al tráfico de personas.
El segundo plantea que el proyecto tenga un carácter europeo y se desarrolle en cumplimiento de la legislación comunitaria, el derecho internacional y las garantías de los derechos humanos.
El tercer principio contempla establecer acuerdos de cooperación con países externos al bloque para contribuir a un sistema de asilo y migración considerado más eficiente.
Bødskov insistió en que la propuesta no busca crear campamentos, sino establecer una alternativa para personas que no pueden regresar a sus países de origen y tampoco tienen autorización para permanecer legalmente en la UE.
Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia forman parte del grupo de países europeos que ha promovido con mayor énfasis la creación de un mecanismo común para gestionar el retorno de personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas de manera definitiva.








