Ventura, California – En una región donde la tierra ha sido cultivada por generaciones, la granjera Lisa Tate, de 46 años, describe el panorama actual con una mezcla de preocupación e indignación: “Nunca habíamos enfrentado una amenaza como esta en el campo”, afirma, en referencia a las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.
Tate, cuya familia ha trabajado en la agricultura por más de un siglo, afirma que las acciones federales contra inmigrantes indocumentados no solo desestabilizan las comunidades agrícolas, sino que también ponen en riesgo la seguridad alimentaria nacional.
Desde su plantación de aguacates en Ventura, al norte de Los Ángeles, recuerda cómo agentes migratorios irrumpieron en propiedades del Valle Central en busca de trabajadores, incluso violando derechos de propiedad. “Eso nunca había pasado en la agricultura”, dice.
Pero no se trata solo de los jornaleros que recogen frutas y vegetales. “Toda la cadena está amenazada”, explica: transportistas, empacadores, vendedores y mercados viven hoy con miedo, sin importar su estatus migratorio. “Incluso yo, nacida aquí, me siento insegura”, confiesa Tate.
Escasez persistente y dependencia de mano de obra migrante
Los agricultores han advertido durante años que los trabajadores estadounidenses no están interesados en labores agrícolas, debido a las duras condiciones: largas jornadas bajo calor o lluvia, y exigencias físicas constantes. Ante esto, el sector depende en gran medida de inmigrantes, muchos sin documentación legal.
Según el Departamento de Agricultura, cerca del 42% de los trabajadores agrícolas carecen de autorización legal para trabajar. Aun así, la demanda no se detiene: el número de vacantes para programas de visa temporal casi se triplicó entre 2014 y 2024, reflejando la necesidad urgente de mano de obra.
“Si expulsan a estos trabajadores, muchas fincas simplemente dejarán de operar. Recuperarse tomaría años”, advierte Tate. Y lo peor, afirma, es que los precios de los alimentos aumentarían y se tendría que importar más comida.
«Necesitamos soluciones reales, no persecución»
Tate y otros agricultores reclaman una legislación migratoria sensata y funcional, que permita regular y proteger a los trabajadores, asegurar la producción nacional y establecer igualdad en el comercio internacional.
Mientras tanto, el temor se intensifica en las comunidades agrícolas. Silvia, una madre mexicana de 32 años, vive en constante alerta luego de que amigos suyos fueran detenidos en una redada en Oxnard. “Si no salimos a trabajar, no comemos. Si salimos, nos pueden arrestar”, resume.
«Todos pierden»
Miguel, de 54 años y con tres décadas en el campo, asegura que las redadas no solo afectan a los trabajadores, sino también a los agricultores y a los consumidores. “Sin nosotros, los cultivos se pierden, y sin cosecha no hay comida”, dice.
Durante la pandemia, Miguel fue considerado “trabajador esencial”. Hoy se siente un blanco. “Que entiendan de dónde viene la comida que tienen en sus mesas. Que dejen de perseguirnos y nos dejen trabajar”, concluye.
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