Madrid.– Familiares de jóvenes venezolanos fallecidos durante manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro exigieron este miércoles en Madrid que esos crímenes no queden en la impunidad y reclamaron avances concretos en la investigación por crímenes de lesa humanidad que cursa en la Corte Penal Internacional (CPI).
Durante una rueda de prensa, los familiares lamentaron que Maduro haya sido detenido y encarcelado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico sin que previamente la CPI solicitara una orden de captura internacional en su contra por las violaciones a los derechos humanos denunciadas desde 2014.
“Nicolás Maduro debe responder por estos asesinatos. En Venezuela hay más de 10,000 víctimas que merecen justicia y reparación”, manifestaron los asistentes, acompañados por juristas especializados en derecho penal internacional. El encuentro fue organizado por la asociación Venezuelan Press y se celebró en un despacho de abogados en la capital española.
Los familiares instaron a la CPI a acelerar el proceso abierto desde 2018 y pidieron a los Estados firmantes del Estatuto de Roma, entre ellos España, que emitan órdenes de arresto contra Maduro y los altos mandos de su gobierno por crímenes de lesa humanidad.
Tomaron la palabra parientes de Diego Fernando Arellano, Paúl René Moreno, Daniel Alejandro Queliz, David José Vallenilla, Armando Cañizales y Neomar Lander, quienes relataron la vida y la muerte de estos jóvenes, asesinados en 2017 durante protestas antigubernamentales.
Asimismo, exigieron que no solo Maduro, detenido en Nueva York, sea juzgado por estos hechos, sino también funcionarios y colaboradores de su entorno que continúan ejerciendo poder en Venezuela o residen en otros países, incluyendo España.
Críticas a la actuación de la CPI
El abogado Blas Jesús Imbroda Ortiz, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, cuestionó la demora de la Fiscalía de la CPI en el caso venezolano, que permanece abierto desde hace casi ocho años. Señaló que, a diferencia de otros conflictos internacionales, como la guerra en Ucrania o Gaza, donde se emitieron órdenes de arresto con mayor rapidez, en el expediente venezolano ha prevalecido la dilación.
Imbroda criticó especialmente la gestión del fiscal jefe Karim Khan, quien se apartó del cargo en mayo de 2025 tras una investigación por presunto acoso sexual, y calificó de “errores graves” gestos como su visita a Venezuela y el acercamiento institucional con Maduro.
La CPI abrió formalmente la investigación en 2018 tras solicitudes de varios países de la región. Aunque el gobierno venezolano intentó frenar el proceso alegando investigaciones internas, el tribunal rechazó ese argumento en 2023 y autorizó la continuación de las pesquisas.
En diciembre de 2025, la Asamblea Nacional venezolana aprobó una ley para retirar al país del Estatuto de Roma, una decisión que, según los familiares y expertos, busca debilitar la acción de la justicia internacional frente a las denuncias de crímenes de lesa humanidad.
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