Peravia .– El abogado Ramón Pol expresó su rechazo a la creación del Ministerio de Justicia, al considerar que esta nueva entidad no solucionará los problemas estructurales del sistema judicial dominicano y, por el contrario, representa una mayor carga para el tren gubernamental.
Las declaraciones del jurista se producen en el contexto de la marcha convocada este día por el Colegio de Abogados de la República Dominicana frente a la Suprema Corte de Justicia, en la que profesionales del derecho protestan contra lo que califican como un “secuestro de la justicia” por parte de jueces y fiscales.
Pol sostuvo que existe un uso excesivo de la discrecionalidad en el sistema judicial, lo que ha derivado en un trato desigual y en la marginación de los abogados. “Hoy vemos jueces y fiscales que actúan como si fueran príncipes o dioses, tomando decisiones arbitrarias y relegando el rol del abogado, que es una pieza esencial del sistema de justicia”, afirmó.
En relación con el nuevo Ministerio de Justicia, el abogado fue enfático al señalar que no percibe beneficios reales en su creación. “Esto es parasitar aún más el Estado. La nómina pública ya está sobrecargada y seguimos creando ministerios que, en muchos casos, solo sirven para repartir cargos”, expresó.
Asimismo, denunció deficiencias graves en áreas clave del sistema judicial, como los tribunales de tierras, donde —según indicó— persiste la falta de jueces y un retraso significativo en el conocimiento de los casos, generando un “tapón” en el sistema inmobiliario.
Pol también criticó la forma en que se están manejando los procesos notariales, señalando que con frecuencia se devuelven expedientes por formalismos innecesarios, aun cuando los documentos cumplen con los requisitos legales. “Eso provoca atrasos injustificados y afecta directamente la seguridad jurídica del país”, apuntó.
Finalmente, el abogado llamó a revisar de manera profunda el funcionamiento del sistema judicial, enfatizando que la solución no está en crear más instituciones, sino en garantizar mayor eficiencia, respeto al debido proceso y rendición de cuentas de los servidores públicos del área judicial.















