Santo Domingo.– El procurador adjunto Wilson Camacho informó que el Ministerio Público presentará próximamente la versión 2.0 de la Operación Cobra, incorporando nuevos implicados, tanto personas físicas como jurídicas, en el fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El anuncio se produjo luego de que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras, impusiera medidas de coerción a los diez acusados del caso, decisión que Camacho calificó de “histórica” y que, en su opinión, demuestra la independencia del Ministerio Público.
“Nos aprestamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que estas personas respondan ante el banquillo de los acusados y para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso”, aseguró Camacho, titular de la Dirección General de Persecución.
Medidas judiciales
El magistrado dictó 18 meses de prisión preventiva para siete de los imputados, quienes cumplirán la medida en la cárcel de Najayo, mientras que los tres restantes deberán cumplir arresto domiciliario y estarán sujetos a otras restricciones procesales. Sena destacó la gravedad de los hechos, calificándolos de “crueles”, “muy graves” y comparables a una “locura colectiva”, además de describirlos como una “traición” al mandato de transparencia del Gobierno.
Los acusados que permanecerán en prisión preventiva son Santiago Marcelo Hazim, exdirector de SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Mientras tanto, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Haidi Mariela Pineda Perdomo cumplirán arresto domiciliario e impedimento de salida, alegando en su defensa haber sido extorsionados para el pago de sobornos.
Acusaciones del Ministerio Público
La fiscalía señala que los imputados conformaban una red de corrupción dentro de SeNaSa, operando mediante pagos irregulares, aprobación fraudulenta de prestadores, sobornos, desvío de fondos y el uso de empresas vinculadas. Según el Ministerio Público, estas acciones ocasionaron un daño multimillonario al sistema de salud pública, afectando directamente los servicios destinados a los afiliados más vulnerables y provocando una amplia indignación social.
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