Isabel Ciprian
El Ministerio Público informó, a través del magistrado Wilson Camacho, que el tribunal sustentó su decisión principalmente en la magnitud y severidad de los hechos, los cuales fueron considerados por el juez como actos crueles y de extrema gravedad.
Durante la audiencia, el magistrado caracterizó lo ocurrido como una traición y una manifestación de locura colectiva, llegando incluso a compararlo con una forma de holocausto, en línea con los argumentos expuestos por el órgano acusador.
Otro elemento clave para la decisión judicial fue la solidez de la investigación desarrollada por el Ministerio Público, la cual fue valorada por el tribunal como un soporte determinante, al estar respaldada por abundante documentación y testimonios presentados en el proceso.
Asimismo, el juez ponderó la colaboración brindada al Ministerio Público y, en función de ello, dictó prisión preventiva contra siete de los imputados, quienes fueron trasladados a los centros de corrección Najayo Hombres y Najayo Mujeres. En el caso de los otros tres acusados, se dispuso arresto domiciliario, el pago de garantía económica y la prohibición de salida del país.
En términos generales, los diez imputados permanecen privados de libertad dentro del proceso. Posteriormente, el Ministerio Público anunció que centrará sus esfuerzos en dos objetivos fundamentales: asegurar que todos los implicados enfrenten la justicia por hechos calificados como atroces y presentar, en el menor tiempo posible, la segunda etapa del expediente, denominada versión 2.0.
“Todos los imputados están privados de libertad y el Ministerio Público hará todo lo necesario para que cada uno responda ante la justicia y reciba una condena por los hechos cometidos”, afirmó el magistrado Wilson Camacho.
Ana María Soto Gross
