El Ministerio Público sometió a la justicia a Edgar Batista Matos, a quien se le imputan cargos por tráfico ilícito de migrantes agravado, tras su deportación desde los Estados Unidos la semana pasada. El imputado es señalado como el capitán de la yola que zozobró el 27 de julio del 2024, cuando intentaba trasladar a más de 60 personas hacia Puerto Rico. El naufragio dejó cinco personas fallecidas, incluida una niña que era hija del propio imputado.
Durante la audiencia, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, junto con otros fiscales de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), solicitó que se le imponga la medida de coerción de prisión preventiva y que el caso sea tramitado como complejo. La jueza Darlis Altagracia Eusebio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, aplazó la audiencia para este viernes, 14 de marzo, a las 9:00 a.m., tras acoger una solicitud de la defensa para reunir más pruebas.
La investigación estableció que el 27 de julio de 2024, la embarcación que partió con destino a Puerto Rico comenzó a inundarse y se volcó a media hora de haber zarpado desde la costa de Guayacanes. Miembros de la Armada, la Fuerza Aérea, la Defensa Civil y pescadores locales rescataron a 43 personas, mientras que las víctimas fatales fueron identificadas como Yiseer Bergar Mateo, Macquerbin Santa Medina, Randy Rafael Díaz Román, Miguel Rodríguez García, y la niña hija de Batista Matos.
Se determinó que el imputado exigió a los migrantes alrededor de seis mil dólares (US$6,000) para transportarlos ilegalmente, y tras el naufragio, emprendió la huida, logrando salir del país por los mismos medios ilegales que utilizó para transportar a las víctimas. Finalmente, Batista Matos fue deportado el 4 de marzo de 2025 y entregado a la PETT, que lo sometió a la justicia por violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
El Ministerio Público destacó la importancia de imponer prisión preventiva como medida de coerción para garantizar que el imputado se presente en el proceso judicial.
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