La audiencia para conocer las medidas de coerción contra los involucrados en el presunto fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) concluyó ayer miércoles, luego de que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional decidiera posponer el proceso para este jueves 11 de diciembre, a las 2:00 de la tarde.
El juez Rigoberto Sena justificó el aplazamiento como una medida necesaria para que los abogados defensores puedan analizar a profundidad el caso y preparar sus argumentos.
“Es indispensable que todas las partes tengan acceso completo al expediente y puedan elaborar sus presupuestos de defensa”, señaló el magistrado, al subrayar la gravedad del proceso y la necesidad de evitar imputaciones infundadas por parte del Ministerio Público.
Un expediente voluminoso y una investigación compleja
Los representantes de la defensa destacaron que el documento con la solicitud de coerción supera las 500 páginas. En este se describe lo que el Ministerio Público califica como una red de corrupción que combinaba fraude administrativo, falsificación de documentos, sobornos y lavado de activos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) señala al entonces director de Senasa, Santiago Hazín, como el presunto cabecilla de la estructura, junto a varios gerentes y colaboradores. Según la acusación, se habrían creado programas irregulares sin base técnica ni financiera que sirvieron para movilizar grandes sumas de dinero.
Sobornos millonarios y daño a los sectores más vulnerables
La investigación establece que, desde 2020, la organización habría recibido más de 1,165 millones de pesos en sobornos vinculados al programa Adulto Mayor, mediante la empresa Nutrimed.
Cinthia Costa, representante de dicha empresa, supuestamente entregó 529 millones de pesos —entre efectivo y contratos simulados— al empresario José Pablo Ortiz, quien presuntamente entregaba el 90% en dólares al exfuncionario.
El Ministerio Público acusa al grupo de manipular estados financieros, emitir reclamaciones falsas, justificar pagos ilegales y aplicar aumentos fraudulentos en tratamientos oncológicos, cardiovasculares y quirúrgicos. Estas prácticas habrían provocado un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos, con estimaciones que alcanzan los 43 mil millones.
La acusación también describe uso de personal de tecnología para manipular sistemas, creación de empresas de carpeta, facturación ficticia, triangulación bancaria y compras simuladas para lavar fondos ilícitos.
Más imputados, más dinero y más víctimas
Tras la judicialización del empresario Ortiz, la investigación afirma que Germán Rafael Robles continuó con la supuesta cobranza del 30% de los sobornos, lo que habría permitido a la red recaudar 536 millones adicionales entre 2022 y 2023.
El Ministerio Público asegura que estas acciones pusieron en riesgo la estabilidad financiera del seguro estatal y afectaron a más de un millón de afiliados, muchos de ellos personas en situación vulnerable.
La audiencia tuvo que trasladarse a una sala más amplia debido al elevado número de imputados y abogados presentes, reflejando la magnitud del caso que está siendo judicializado.
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