Isabel Ciprian
Santo Domingo.– El Seguro Nacional de Salud (Senasa) se encontraba sumido en un desorden operativo que debilitaba su capacidad de gestión y, al mismo tiempo, permitió que terceros obtuvieran beneficios millonarios bajo sospecha, actualmente investigados por el Ministerio Público.
Un informe de mayo de 2025 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) reveló múltiples deficiencias: estructuras internas débiles, procesos de autorizaciones médicas fragmentados y manuales, falta de protocolos claros para contrataciones y compras, licitaciones cuestionables, sistemas informáticos no integrados y pagos calculados manualmente. Además, algunos centros privados recibieron recursos millonarios sin rendir cuentas adecuadamente.
El informe, obtenido bajo la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, documenta un proceso de inspección motivado por inconsistencias en los reportes financieros de la institución. Durante la auditoría, equipos técnicos accedieron directamente a documentos, entrevistaron al personal y supervisaron procesos en tiempo real, lo que permitió detectar incluso manipulación y borrado de datos, hecho que actualmente forma parte de una investigación penal.
Según los auditores, el caos tecnológico era uno de los principales problemas: Senasa operaba con tres plataformas informáticas no integradas, dificultando la trazabilidad y aumentando los riesgos de errores. Además, los procesos de autorización médica eran fragmentados y carecían de límites claros, permitiendo duplicaciones y montos autorizados sin control.
El informe recomendó cambios urgentes: integración de plataformas, nuevos protocolos clínico-administrativos, segregación de funciones operativas y la implementación de un sistema de monitoreo para garantizar transparencia, eficiencia y protección de los derechos de los afiliados.
Tras la entrega del informe, el 14 de agosto, el presidente Luis Abinader destituyó al director del Senasa, doctor Santiago Hazim, un día después de cumplir cinco años en el cargo. Posteriormente, el 13 de septiembre, se ordenó remitir a la Procuraduría un informe detallando las graves irregularidades detectadas, señalando indicios de corrupción en la institución.
Entre los hallazgos más relevantes destacan:
- Licitaciones irregulares: ausencia de protocolos para la adquisición de insumos y medicamentos de alto costo.
- Informalidad en procesos: uso de canales no oficiales, como WhatsApp, para gestionar casos clínicos y administrativos.
- Retrasos administrativos: falta de documentación en la evaluación de la pertinencia médica.
- Pagos concentrados: distribución de recursos a un reducido grupo de proveedores sin garantías de calidad ni transparencia.
El rastreo de los fondos apunta a miles de millones de pesos gastados fuera de las prioridades institucionales, mientras la ciudadanía espera los resultados de las investigaciones que, según el Ministerio Público, ya estaban en agenda desde hace un año.
Con este panorama, el caso Senasa se ha convertido en un símbolo del riesgo que implica la falta de controles en instituciones clave, con efectos directos sobre la salud y los recursos del país.
