Isabel Ciprian
Santo Domingo.– El Gobierno dominicano autorizó recientemente que Estados Unidos utilice espacios aéreos restringidos, incluyendo la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas, para operaciones de logística en territorio nacional.
La decisión se anunció durante la visita del secretario de Defensa estadounidense al Palacio Nacional, donde fue recibido por el presidente Luis Abinader.
Alcance y reacciones
La medida ha generado polémica entre distintos sectores del país. Organizaciones de izquierda denunciaron que la autorización viola la Constitución y pone en riesgo la soberanía nacional al permitir vuelos extranjeros sin la aprobación previa del Congreso. Señalan que este tipo de acuerdos estratégicos debería ser discutido legislativamente.
Por su parte, legisladores oficialistas y grupos nacionalistas defendieron la iniciativa, argumentando que la República Dominicana enfrenta un aumento de casos de narcotráfico, y que la cooperación con Estados Unidos fortalece la lucha contra este fenómeno. Recordaron que en 2003 se firmó un acuerdo bilateral en la misma línea.
Expertos en seguridad aclararon que el acuerdo no implica participación en operaciones militares ofensivas, sino que se limita al uso de instalaciones para apoyo logístico y reabastecimiento. “La República Dominicana no participará en operaciones externas; solo facilita instalaciones para fines logísticos”, explicó un analista local.
Preocupaciones y seguimiento
A pesar de estas aclaraciones, persisten cuestionamientos sobre el impacto en la soberanía y la necesidad de un debate público y legislativo más amplio. Algunos opositores advierten que el país podría verse indirectamente involucrado en conflictos internacionales si no se define claramente el alcance del acuerdo.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado la duración del uso de estos espacios aéreos por parte de las aeronaves estadounidenses, y aseguraron que mantendrán informada a la población sobre el desarrollo de las operaciones.
