Isabel Ciprian
El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido este martes por la Policía filipina, en cumplimiento de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). La corte considera que existen «motivos razonables» para creer que Duterte lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para ordenar asesinatos extrajudiciales durante su polémica guerra contra las drogas.
La orden de arresto, fechada el 7 de marzo, señala que hay evidencia suficiente para acusar a Duterte del crimen contra la humanidad de asesinato, específicamente relacionado con asesinatos extrajudiciales. Según el documento filtrado, la CPI también apunta a su posible responsabilidad en la creación y dirección del Davao Death Squad (DDS), un grupo de exterminio vinculado al exmandatario.
El arresto se produjo al llegar Duterte al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino en Manila, después de un viaje a Hong Kong. En este momento, se encuentra detenido en la base aérea de Villamor, en la capital filipina, a la espera de posibles negociaciones de extradición a La Haya.
Los Hechos y la Investigación
La investigación, que comenzó en 2021, destaca una serie de incidentes en los que, supuestamente, Duterte dirigió operativos violentos contra presuntos delincuentes. La CPI enumeró varios asesinatos cometidos en la ciudad de Davao, donde Duterte fue alcalde por más de dos décadas, así como otros 24 asesinatos ocurridos durante su presidencia de 2016 a 2022, todos presuntamente orquestados o supervisados por miembros de las fuerzas de seguridad.
Durante su presidencia, Duterte impulsó una brutal campaña antidrogas que resultó en miles de muertes. Las autoridades filipinas reportaron más de 6,000 muertes, aunque organizaciones no gubernamentales estiman que la cifra real podría superar los 30,000.
Resistencia y Reacción en Filipinas
A pesar de la orden de arresto, Duterte y sus seguidores han calificado la detención como ilegal, argumentando que se trata de un acto político. Cabe destacar que Duterte retiró a Filipinas de la Corte Penal Internacional en 2019, en un intento de evitar su implicación en las investigaciones relacionadas con las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la CPI subrayó que mantiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras Filipinas aún formaba parte del tribunal.
Si Filipinas accede a la extradición, Duterte sería trasladado a La Haya para enfrentar cargos de crímenes de lesa humanidad, donde deberá comparecer ante un juez para iniciar el proceso judicial. De lo contrario, podrían comenzar negociaciones diplomáticas entre Manila y la CPI.
La detención de Duterte representa un importante giro en la lucha por la justicia en casos de abusos de derechos humanos y refleja la determinación de la Corte Penal Internacional para procesar a líderes responsables de crímenes graves, independientemente de su estatus o poder político.
Ana María Soto Gross
