Puerto Príncipe. – La crisis electoral en Haití ya es oficial. Tal como se temía, la esperanza de celebrar elecciones el 15 de noviembre de 2025 se ha desvanecido. Tanto el Consejo de Transición Política (CTP) como el Consejo Electoral Provisional (CEP) han admitido su incapacidad para organizar los comicios en el plazo previsto, aplazando la primera vuelta presidencial y legislativa hasta el 1 de febrero de 2026.
Aunque el CTP sostiene que la decisión busca “garantizar una organización ordenada y transparente”, el aplazamiento revela una realidad más preocupante: Haití se encamina hacia un vacío de poder que podría desembocar en un colapso institucional, según ha advertido la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Una transición con fecha de caducidad
El mandato del CTP expira el 7 de febrero de 2026, una fecha que su acuerdo fundacional no permite extender. Sin embargo, el nuevo calendario electoral establece la toma de posesión del presidente electo el 14 de mayo del mismo año, generando un vacío de 96 días en los que no existiría una autoridad legítima al mando.
El representante especial de la ONU, Carlos G. Ruiz Massieu, alertó que este desfase podría llevar al país a “un colapso institucional sin precedentes” si no se define un mecanismo de gobernanza temporal que asegure la continuidad del poder.
Un sistema frágil y sin confianza
El riesgo de este vacío no es fortuito: está incrustado en la estructura misma de la transición. Una vez que el mandato del CTP expire, el primer ministro y su gabinete perderán su fuente de legitimidad, abriendo la puerta a una crisis constitucional.
El tercer órgano de gobernanza que debía servir como amortiguador ante la ingobernabilidad aún no ha sido constituido, lo que aumenta la incertidumbre. Todo apunta a que las fuerzas políticas deberán negociar un nuevo pacto de emergencia para definir quién gobernará entre febrero y mayo de 2026, una salida que violaría el espíritu del acuerdo original.
A este panorama se suma la pérdida de confianza dentro del propio CTP. Declaraciones recientes de su presidente, Frinel Joseph, pusieron en duda no solo la fecha original de noviembre, sino también la posibilidad de cumplir con el nuevo plazo de febrero de 2026. Sus palabras han intensificado las críticas sobre la falta de cohesión y liderazgo dentro del Consejo.
Un calendario frágil y un futuro incierto
Aunque el CTP asegura contar con un calendario definido y financiamiento por 65 millones de dólares, la situación política y de seguridad del país pone en duda la viabilidad de cualquier plan. El problema, más que la postergación, es la creciente desconfianza en que el proceso electoral pueda desarrollarse sin interrupciones o impugnaciones.
Haití permanece atrapado en un ciclo de postergaciones, divisiones y crisis institucionales. La divergencia entre el fin de la transición y la investidura del nuevo mandatario ha convertido el proceso en una cuenta regresiva hacia el vacío de poder.
La pregunta que inquieta a la nación
Ante este panorama, surge una interrogante crítica: ¿qué ocurriría si las elecciones del 1 de febrero de 2026 también fracasan o son impugnadas?
La respuesta podría definir el destino inmediato del país. Si el proceso vuelve a colapsar, Haití podría enfrentarse a un nuevo y devastador episodio de ingobernabilidad, en el que ni las instituciones ni los acuerdos políticos serían suficientes para contener el caos.
El país más pobre del hemisferio occidental se enfrenta, una vez más, a la posibilidad real de un vacío total de poder, en un contexto donde la estabilidad parece tan lejana como las elecciones que siguen postergándose.
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