Abogado explica el alcance legal de las medidas de coerción y defiende actuación judicial en caso reciente de Baní

Baní, Peravia. – El abogado Jose Luis Puello Tejeda, explicó los fundamentos legales que rigen la imposición de medidas de coerción en el sistema judicial dominicano, señalando que el Código Procesal Penal establece en sus artículos 226 al 237 las diferentes modalidades disponibles para garantizar la presencia del imputado en el proceso.

El jurista indicó que, de acuerdo con el artículo 226, existen siete tipos de medidas de coerción, entre ellas la presentación periódica, el impedimento de salida del país, la colocación de localizadores electrónicos, la presentación ante una autoridad designada por el juez, el internamiento en un centro, y como medida más severa, la prisión preventiva, cuya aplicación —según el artículo 234— es de carácter excepcional.

“La prisión preventiva solo se impone cuando el juez determina que ninguna otra medida puede garantizar la presencia del imputado en el proceso. El juez valora la gravedad del hecho, pero también el arraigo del imputado, su familia, su trabajo, su valoración en la comunidad o las certificaciones que lo avalen”, explicó.

El abogado lamentó que, en ocasiones, la ciudadanía y los medios de comunicación culpen a los jueces por las decisiones adoptadas, sin comprender que estos actúan como terceros imparciales, valorando las pruebas tanto del Ministerio Público como de la defensa.

“El juez no impone una medida porque alguien lo diga. Si el expediente no está bien instrumentado, el juez no está obligado a imponer la prisión preventiva. Los jueces actúan conforme al derecho y al debido proceso”, sostuvo.

Asimismo, recordó que la Constitución Dominicana, en sus artículos 40, 68 y 69, garantiza el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales de toda persona imputada, independientemente de su culpabilidad o del tipo de delito que se le atribuya.

“Los abogados no defendemos el delito, defendemos el cumplimiento de la ley y de los derechos humanos. Toda persona, incluso siendo culpable, tiene derechos que deben respetarse conforme a la Constitución”, señaló.

Al referirse al caso del joven que perdió la vida en el sector Villa Maguega, el profesional del derecho expresó que la jueza actuó ajustada al marco legal. Criticó, además, que parte de la población tienda a cuestionar y desacreditar las decisiones judiciales en los medios de comunicación, en lugar de utilizar los mecanismos establecidos por la ley.

“Cuando no se está de acuerdo con una decisión, la vía correcta no es desmeritar al juez, sino recurrir ante una instancia superior. El sistema dominicano permite apelar ante la Corte de San Cristóbal, luego ante la Suprema Corte de Justicia y, si es necesario, ante el Tribunal Constitucional”, explicó.

Finalmente, el abogado enfatizó que la confianza en el sistema judicial debe mantenerse sobre la base del respeto a los procedimientos y las instituciones. “La justicia no se hace con opiniones ni titulares, se hace en los tribunales y conforme al derecho”, concluyó.