Santo Domingo, RD. – El Consejo de Mitigación, Preparación y Respuesta, encabezado por el Presidente de la República, ratificó las medidas y excepciones anunciadas en los últimos dos días con el objetivo de proteger a la población ante la crítica situación meteorológica que afecta al territorio nacional.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) confirmó que se mantiene el nivel de alerta roja para las provincias Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales. A esta lista se suman La Romana, San Pedro de Macorís y Monte Plata, que también pasan a alerta roja.
Asimismo, continúan en alerta amarilla las provincias La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia y Bahoruco. En tanto, María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte permanecen en alerta verde.
Ante la magnitud de las precipitaciones y el nivel de alerta vigente, las restricciones anunciadas el jueves seguirán en vigor, según informaron las autoridades. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Administración Pública emitirán las resoluciones correspondientes para garantizar su cumplimiento. Mientras tanto, el sector financiero podrá continuar operando con normalidad, pero se instruyó a las entidades a no sancionar a empleados que no puedan desplazarse por las condiciones del tiempo.
Respecto a Montecristi, el COE explicó que se mantiene vigilancia constante por el llenado de la presa de Munción, especialmente en las zonas bajas de Guayubín, Palo Verde y Castañuela, donde podrían presentarse inundaciones progresivas en las próximas 48 horas, aunque sin riesgo de crecidas súbitas.
En coordinación con los ministerios de Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), se determinó suspender las clases a nivel nacional este viernes, como medida preventiva ante la posibilidad de nuevas inundaciones.
Estas disposiciones forman parte del plan de contingencia del Gobierno, enfocado en preservar la vida de los ciudadanos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales mientras persistan las condiciones adversas.
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